El día de hoy, el diario Reforma confirmó que la FGR va por Videgaray, pero aunque en la misma petición de la orden de detención se menciona a Enrique Peña Nieto, no solicita lo mismo para él.
Desde hace unos días se había filtrado la información de esta orden de detención que había solicitado la Fiscalía General de la República al juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, en el Reclusorio Norte.
Aunque el día de hoy nos enteramos que en esta petición se menciona al delincuente Enrique Peña Nieto y se le señala como líder de un grupo de criminales que abusando de sus cargos públicos entregaron contratos a la empresa brasileña Odebrecht a cambio de millones de dólares.
Sí, como se lee en la parte del expediente que se dio a conocer hoy, «Enrique Peña Nieto jugó un papel central en la comisión de los delitos…», pero la petición al juez no es contra él, sino contra Luis Videgaray. Nos preguntamos ¿por qué?
Dice que éste «…contaba con su propio aparato de poder criminal, con cuya ayuda implementó una estrategia de cooptación de la voluntad de los legisladores…», es decir que es señalado de ser el jefe de esta trama criminal, por lo que en concordancia con lo que se menciona, tendría que haber ya una orden de detención contra el ex presidente. Pero no es así.
La duda que tenemos es legítima y nos lleva a recordar que desde hace mucho tiempo se ha hablado de un «pacto de impunidad» que habría sido establecido entre Peña Nieto y López Obrador, para que el segundo no tocara al primero y así permitirle llegar a la presidencia sin contratiempos. Algo que al final sí sucedió.
De hecho hace unos días, se dio a conocer que otro de los acusados por la FGR, Alonso Ancira, supo de una especie de pacto entre López y Peña, en el que -según él- Peña Nieto y el Cártel del PRI escogerían a un candidato cómodo para que López no tuviera ningún problema en derrotarlo en la campaña. Algo que también sucedió.
¿Será que es ése pacto el que impide que Enrique Peña Nieto sea tocado y que la FGR va por Videgaray nada más, para no romper el acuerdo?
Insight Crime publicó una interesante columna escrita por Parker Asmann el día 16; la conclusión más importante a la que llegan es que la detención de Cienfuegos pone en entredicho la supuesta «guerra contra las drogas» que inició Calderón en 2006.
Compartimos con ustedes el texto íntegro:
Arresto de exministro de Defensa por parte de EE. UU. golpea a las fuerzas armadas de México
El arresto del exministro de Defensa de México por parte de Estados Unidos, acusado de narcotráfico, confirma lo que durante mucho tiempo han afirmado tanto traficantes como civiles: que el ejército del país, que desempeña un exagerado papel en la lucha contra el crimen organizado, ha sido totalmente corrompido.
El 15 de octubre, el embajador de Estados Unidos en México, Christopher Landau, le informó al ministro de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, que el general Salvador Cienfuegos Zepeda, secretario de Defensa de México durante la administración del expresidente Enrique Peña Nieto (2012-2018), había sido arrestado en el aeropuerto internacional de Los Ángeles.
La orden de arresto de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (Drug Enforcement Administration, DEA) se produjo después de que Cienfuegos, apodado “El Padrino”, fuera acusado de tres cargos de conspiración para traficar drogas y un cargo de lavado de dinero, según una acusación presentada en agosto de 2019 en el Distrito Este de Nueva York.
Los cargos se derivan de acusaciones de que el general se coludió con el Cartel H-2 entre 2015 y 2017, según documentos judiciales. El Cartel H-2, que se desprendió de la Organización Beltrán Leyva, solía ser dirigido por Juan Francisco Patrón Sánchez, alias “H2”, quien fue asesinado a tiros por los marines mexicanos a principios de 2017.
Los fiscales federales de Estados Unidos acusan al general Cienfuegos de utilizar su “posición pública para ayudar al Cartel H-2 a […] operar con impunidad” a cambio de sobornos, según una carta del 16 de octubre de los fiscales dirigida a la jueza del Distrito Este, Carol B. Amon.
Las pruebas aportadas incluyen “miles de comunicaciones [interceptadas] de Blackberry Messenger” que demuestran que Cienfuegos ayudó a que las operaciones militares no se dirigieran al grupo, sino que por el contrario se orientaran a atacar a organizaciones rivales, conseguir transporte marítimo para cargamentos de drogas, advertir al grupo sobre las investigaciones policiales de Estados Unidos y relacionar a los integrantes del grupo con otros funcionarios mexicanos corruptos, según afirman los fiscales.
La ayuda de Cienfuegos permitió que el Cartel H-2 operara sin “interferencia significativa del ejército mexicano”, lo que le permitió al grupo criminal ingresar “miles de kilos de cocaína, heroína, marihuana y metanfetamina a Estados Unidos”, como sostienen los fiscales en la carta.
Cienfuegos no es el primer funcionario mexicano acusado de conspirar con el Cartel H-2. El exfiscal general del estado de Nayarit, Edgar Veytia, fue arrestado en 2017 y sentenciado a 20 años de prisión por su papel en una conspiración de narcotráfico internacional con el grupo.
Si bien Cienfuegos es el miembro de más alto rango de las fuerzas armadas de México que enfrenta cargos de narcotráfico, es apenas uno de los más recientes funcionarios de seguridad de alto nivel en ser arrestado.
Genaro García Luna, secretario de seguridad pública de México entre 2006 y 2012, fue acusado en 2019 de varios cargos de tráfico de cocaína. También se le acusó de aceptar sobornos del Cartel de Sinaloa, junto con dos agentes de policía de alto rango, Luis Cárdenas Palomino y Ramón García.
Análisis de InSight Crime El arresto de Cienfuegos no tiene precedentes. Y el solo hecho de que ocurra es llamativo.
Desde hace mucho tiempo se ha acusado de corrupción a altos funcionarios militares, pero rara vez, o acaso nunca, han sido enjuiciados. Han pasado más de dos décadas desde que el general y exzar antidrogas Jesús Gutiérrez Rebollo fue arrestado y luego condenado por colusión con importantes traficantes de cocaína como Amado Carrillo Fuentes, más conocido como el “Señor de los Cielos”.
Las fuerzas armadas de México han desempeñado durante mucho tiempo un papel central en la lucha del país contra las drogas. Dicho papel aumentó y se militarizó cada vez más en 2006, cuando el entonces presidente Felipe Calderón inició una arremetida oficial contra los grupos del crimen organizado.
Desde entonces, más de 200.000 personas han sido asesinadas en México como parte de la llamada guerra contra las drogas, y decenas de miles más han desaparecido. La acusación indica que Cienfuegos, mientras dirigía la principal institución en la lucha contra el crimen organizado durante la administración de Peña Nieto, supuestamente estaba coludido con los mismos criminales a los que debía atacar.
De hecho, el arresto de Cienfuegos cambia drásticamente la noción de “guerra”, en la que el Estado está en un lado y los grupos criminales en el otro. En realidad, estos actores están muy interconectados, manteniendo el orden y generando la violencia como una manera de normalizar condiciones que les son mutuamente beneficiosas.
Estados Unidos también debe dar bastantes respuestas. Con la detención de García Luna, y ahora con la de Cienfuegos, es cada vez más claro que los funcionarios de seguridad y del gobierno de Estados Unidos suelen trabajar con homólogos profundamente involucrados en el tráfico de drogas. La pregunta es entonces qué sabían y cuándo lo supieron. Las especulaciones sobre la corrupción en los altos niveles han estado presentes durante décadas, especialmente entre 2006 y 2012, durante la administración de Calderón.
“Hubo varias alertas cuando Cienfuegos era general, y cuando fue nombrado ministro de Defensa en 2012, yo había oído rumores sobre su corrupción”, dijo Mike Vigil, exdirector de Operaciones Internacionales de la DEA, en comunicación con InSight Crime.
Esta no es precisamente la primera vez que Cienfuegos está en el centro de la controversia. En 2015, el exjefe del ejército dijo que sus soldados “no serán tratados como criminales”, al referirse a la desaparición forzada de 43 estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa. El mes pasado, las autoridades emitieron órdenes de arresto contra los presuntos autores materiales e intelectuales del crimen, incluidos miembros de las fuerzas armadas.
En 2014, Cienfuegos también rechazó las acusaciones de que sus tropas eran culpables de la denominada masacre de Tlatlaya, cuando los soldados mataron a 22 personas en lo que se consideró un “tiroteo”. En realidad, los soldados recibieron una orden directa de matar, según activistas de derechos humanos.
El arresto de Cienfuegos también se suma a la lista de funcionarios mexicanos que serán acusados en Estados Unidos y no en su propio país. Por lo tanto, no deberá responder por algunas de las graves violaciones a los derechos humanos de las que se le acusa mientras se desempeñaba como general en México.
Además, el ejército continúa siendo una de las instituciones más confiables de México y uno de los pilares de la seguridad interna. Un decreto firmado el pasado mes de mayo consolidó su lugar en la lucha contra los grupos criminales en el futuro próximo. Estados Unidos también instó recientemente a México a reforzar sus represiones, exigiéndole al gobierno mexicano que demuestre su “compromiso de desmantelar a los carteles y a sus empresas criminales”.
Lo que hace todo esto es garantizar que las fuerzas armadas permanecerán en la primera línea de batalla, a pesar de las noticias más recientes.
Salinas y Fox, no; aunque a Calderón y a Peña sí se les podría juzgar por los delitos que cometieron durante sus mandatos, según lo declaró Santiago Nieto.
A raíz de la aprobación de la consulta para llevar a juicio a los ex presidentes que avaló la semana pasada la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se empezó a hablar sobre las posibilidades de que ésos sátrapas paguen con cárcel el daño terrible que hicieron a México.
Sólo que, se necesitaría primero saber qué delitos se les imputarían y para ello habría que investigar las acciones de cada uno para saber si no han prescrito.
Santiago Nieto dice que a Salinas y Fox, no, porque los delitos que cometieron ya prescribieron, no así los cometidos por Calderón y Enrique Peña Nieto. De Ernesto Zedillo no comentó nada.
Y surgen dudas: ¿cómo sabe que los delitos que cometieron Fox y Salinas ya prescribieron? ¿los han investigado? ¿tienen pruebas?
Del mismo modo, ¿cómo sabe que los delitos cometidos por Calderón y Peña Nieto no han prescrito? ¿hubo investigación? ¿hay pruebas?
¿Y a Ernesto Zedillo no se le investigó? ¿O se le investigó y no hubo nada que se le pudiera imputar? Nosotros sabemos que sí se le podría juzgar, por el caso Acteal.
También sabemos, porque no somos ingenuos, que el gobierno actual tiene hoy por hoy todas las pruebas que podrían hundir a los delincuentes que mal gobernaron nuestro país; que todos cometieron casi los mismos delitos y que si no están acusados penalmente ya, es porque López no ha querido hacerlo. ¿Pacto de impunidad? Sí, seguramente.
Cuando Santiago Nieto asegura que los delitos de Calderón y Peña Nieto no han prescrito, está afirmando que existen esos delitos y obviamente hay pruebas de ellos. Está asegurando que él las conoce, sino no haría semejante afirmación.
Y una última pregunta: ¿por qué no lleva esas pruebas con la Fiscalía General de la República y hace la demanda penal correspondiente?
No lo hace y no lo hará, porque este tema es un asunto 100% político-electoral y que servirá mucho para la campaña de 2021. Incluso aunque al final no se denuncie a nadie; incluso aunque Santiago Nieto conozca los delitos, tenga las evidencias de ellos y no denuncie cometiendo con esto un delito. Está obligado a hacerlo. Pero no lo hará.
El día de hoy pudimos ver el interior del avión presidencial que en tiempos de Felipe Calderón fue comprado para que lo disfrutara Enrique Peña Nieto y terminara en un hangar, sin usarse, en la administración de López Obrador.
Más allá de si estamos o no de acuerdo con la venta o rifa, o de si estamos de acuerdo o no con que siga parado sin sacarle algún provecho, lo que vimos el día de hoy cuando fue exhibido durante la conferencia de López por la mañana, nos debe llevar a pensar en los excesos ofensivos y grotescos que los políticos han cometido en contra del pueblo empobrecido.
Miles de millones de pesos que pudieron servir para ayudar a la gente, fueron gastados en la compra de un aparato que no es acorde a nuestra realidad; un avión excesivamente lujoso, que más bien da la apariencia de un verdadero palacio flotante, que servía para que los mexicanos le cumpliéramos el capricho al expresidente de viajar como si se tratara de un monarca, acompañado de su corte y sus lambiscones.
Camas de lujo, cocinas de lujo, tecnología de punta, asientos de lo más fino, mientras que en tierra el pueblo se debatía entre el hambre, la violencia y la muerte.
Sólo pensemos en algo: para millones de personas en nuestro país viajar en avión comercial es un verdadero lujo que muy pocos pueden pagarse; para quienes pueden hacerlo, viajar en clase turista es la mayor de las aspiraciones, porque los asientos de primera son excesivamente caros. Pues bueno, ni en esos asientos de primera los lujos son de semejante magnitud. Ahora veamos (como muestran las imágenes que compartimos con ustedes en el video) la diferencia enorme que hay entre ésa clase premier y lo que ofrece el interior del avión José María Morelos. Son mundos totalmente diferentes. Ése es el exceso, la ofensa, lo absurdo, lo imperdonable.
En la página del mal gobierno de México se lee: «El empresario… [ Marcelo Odebrecht ] ha invertido mil 800 millones de dólares en desarrollo de estudios y proyectos, de los 8 mil cien millones de dólares que invertirá en los próximos cinco años». La información está fechada el 1° de Octubre de 2013.
Así que cuando en Brasil, el delincuente Marcelo habló de «propinas» para Emilio Lozoya, en realidad eran eso, propinas. Una parte diminuta de lo que en contratos había acordado ya con el mal gobierno de México y que seguramente multiplicaría por decenas o cientos de veces en las ganancias que las obras le generarían.
NOSOTROS estamos seguros que esos 10 millones de dólares que Odebrecht dijo entregó a Lozoya, son la punta del iceberg de toda una serie de dinero que en sobornos entregaron a los delincuentes Peña Nieto y sus cómplices, además de a varios jefes de plaza de gobiernos locales, como Javier Duarte, Leonel Godoy y Fidel Herrera.
Estamos entonces ante el mayor escándalo de corrupción del gobierno del criminal del Cártel del PRI, que supera con mucho a la «donación» que hizo el compadre del chacal de Atenco, Hinojosa Cantú, la Casa Blanca de La Gaviota. Que según lo revelado por Aristegui Noticias, ascendía a un costo de 7 millones de dólares.
La corrupción en el mal gobierno de México debe ser un porcentaje muy importante del PIB y del presupuesto anual. No sabemos cuánto, pero sabemos que estos detestables personajes son insaciables y no tiene fin su ambición. Sabemos que no es sólo Odebrecht, que también es HIGA y OHL, aunque desconocemos cuántas empresas depredadoras más estén involucradas en el saqueo al erario público.
Compartimos con ustedes la transmisión que hicimos el día de ayer, donde hablamos sobre este asunto tan delicado y que nos debe dejar claro la clase de delincuentes que están gobernando México.
