En mayo de 2022, la administración de Samuel García anunció la compra de una aeronave para hacer frente a la sequía a través del bombardeo de nubes; en el asidero de la emergencia, fue eliminada la licitación y mediante adjudicaciones directas, el gobierno de Nuevo León otorgó a 2 empresas, tres contratos, un par por servicios que no fueron realizados. Las contratistas comparten a un mismo dueño y la avioneta, de la cual son operadores, continúa bajo el registro de servicio privado.
Al presentar su “Plan Hídrico 2050” el día 20 de mayo de 2022, el gobernador Samuel García reveló que su gobierno adquirió un avión similar al de la Fuerza Aérea Mexicana para bombardear nubes con yoduro de plata y así enfrentar la peor crisis hídrica que Nuevo León ha padecido en treinta años:
“El bombardeo de nubes, hay una buena noticia que les quiero dar hoy, vamos a tener dos aviones este fin de semana. La Fuerza Aérea Mexicana ayer mandó su avión y nosotros hace un mes adquirimos uno idéntico al de la Fuerza Aérea, pero ya para Nuevo León (…) como un tema paradójico, Sonora tiene 3 aviones para bombardeo y Nuevo León no tenía ni uno y tenemos peor escasez de agua que Sonora, entonces, está comprobado que aumenta la precipitación …”, dijo.
Pese a que no existe evidencia científica de que el bombardeo de nubes provoque un incremento en las precipitaciones, o al menos así lo refiere una respuesta del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático a través de la SEMARNAT mediante el oficio RJJ.200.626/2019 (imagen 1) el gobierno de NL autorizó para este fin, exceptuando de la licitación y a través de la vía de la adjudicación directa, un gasto de 3.5 MDD por la compra de una aeronave marca Beechcraft modelo King Air 250 -usada-, además se invirtieron 3 millones 787 mil 380 pesos, por los trámites de exportación y el cambio de matrícula de la avioneta del servicio privado (XB), al de servicio público (XC); los contratos fueron otorgados a dos empresas: Socal Jet Services y Baja Aero Jet Services, respectivamente.
Imagen 1 Oficio RJJ.200.626/2019 SEMARNATImagen 2 registros de las empresas Socal Jet Services y Baja Aerojet Services ante RPC, en el que aparece como socio y accionista principal Andy Luy Fuentes Mayorga
Empresas de origen mexicano y creadas durante el año 2016 con tan solo 50 mil pesos cada una, Socal Jet Services fue constituida en Los Cabos, Baja California Sur, mientras que Baja Aero Jet Services en Zapopan, Jalisco; de acuerdo al Registro Público de Comercio, ambas empresas comparten a un mismo accionista: Andy Luy Fuentes Mayorga (imagen 2).
Según los documentos presentados al momento de la firma del contrato por la adquisición de la avioneta, Socal Jet Services apenas se constituyó legalmente en los Estados Unidos en marzo de 2022.
Múltiples irregularidades
De acuerdo al contrato SEE/DAS/27-MAYO-2022, el gobierno de Samuel García pagó 3.5 MDD de contado y exceptuando del pago de la garantía a la empresa Socal Jet Services a través de su socio y accionista principal Andy Luy Fuentes Mayorga, por “el suministro” de una aeronave usada marca Beechcraft modelo King Air 250, emitiendo éste factura 3 meses después, el 1 día de agosto de 2022; en el documento, aparece el registro de la aeronave con la matrícula XB-RCX.
Factura de la empresa Socal Jet Services, en la que aparece la matrícula de la avioneta
En ningún momento dentro del contenido se menciona el término legal de “compraventa”, sino el de “suministro”, esta figura, corresponde a los contratos que usualmente se utilizan para servicios de telefonía, electricidad e internet doméstico.
Contrato SEE/DAS/27-MAYO-2022
¿Por qué suministro y no compraventa? legalmente la avioneta habría sido arrendada en los Estados Unidos, para operar en México bajo el servicio de taxi aéreo.
Según el contrato SEE/DAS/02-AGOSTO-2022 se pagaron 3 millones 787 mil 380 pesos a la contratista Baja Aero Jet Services a través del representante legal Enrique Osio Bórquez, quien se obligaba a realizar los trámites concernientes a la exportación y el cambio de matrícula de la avioneta en los 20 días posteriores a la firma del contrato; según la propuesta económica autorizada por el gobierno de Nuevo León, los servicios fueron cotizados en dólares y del monto total, tan solo 3 mil dólares correspondían al gasto por el cambio de propiedad y matrícula, el resto del monto se manejó por conceptos de “cobro de gestorías, viáticos y gastos extraordinarios”.
Propuesta económica del contrato SEE/DAS/02-AGOSTO-2022
Peor aún, pese a ser pagados, estos no fueron realizados. Baja AeroJet Services fue cerrada a finales del año pasado.
Facturas emitidas por Baja Aerojet Services, por servicios que no fueron realizados
Según los registros aeronáuticos obtenidos a través de aplicaciones y proporcionados por el usuario de Twitter @Arr3ch0, la avioneta adquirida por el gobierno de Nuevo León durante 2022 para el bombardeo de nubes fue registrada hace diez años: el 12 de abril del 2013 en los Estados Unidos con la matrícula NI459W, fue comprada por la compañía J Bross LIc Madison el día 20 de enero de 2017 y arrendada por Socal Jet Services el 8 de febrero de 2017; el día 2 de septiembre de ese mismo año (2017) Textron Financial Corp la registró a su nombre y el 10 de abril del 2018 la aeronave fue exportada hacia México con el cambio de la matrícula a XB-AJA, bajo el operador Baja Aerojet Services; a partir de 2020 cuenta con el registro de matrícula XB-RCX.
Registros aeronáuticos de la avioneta Beechcraft King Air, utilizada para el bombardeo de nubes
Se han hecho dos cambios de matrícula desde su exportación a México, ninguno realizado por el contratista del gobierno de Nuevo León.
Último registro de vuelo de la avioneta Beechcraft King Air, utilizada para el bombardeo de nubes
Desde que fue adquirida por la administración de Samuel García, hasta el 8 de febrero del presente año, fecha en que la aeronave realizó el último trayecto que se tiene documentado, desde la ciudad de Monterrey, Nuevo León a Toluca, Estado de México; no existen registros sobre el cambio de propietario, ni tampoco de la matrícula y la avioneta continúa apareciendo en registros aeronáuticos como servicio de taxi aéreo.
Nota de 2021 en la que aparece la avioneta Beechcraft King Air matrícula XB-RCX utilizada para el bombardeo de nubes
Pese a que se solicitó la opinión del Gobierno del Estado de Nuevo León, a través del área de Enlace de Comunicación para que brindara alguna explicación sobre estas irregularidades, la funcionaria Ana Laura Acevedo nos solicitó realizar nuestros cuestionamientos a través de una solicitud de Transparencia.
El día de hoy, López pidió a Loret de Mola que haga públicos sus ingresos y las empresas que lo están financiando.
¡¿En serio?! Parece que el reportaje que Loret de Mola y Mexicanos Contra la Corrupción publicaron hace ya dos semanas, no deja dormir al individuo que vive en Palacio Nacional; los últimos días, desde el púlpito de Las Mañaneras, se ha dedicado a criticar a quienes lo publicaron, pero también a quienes hicieron eco de él, como es el caso de Carmen Aristegui.
Sólo que lo del día de hoy ya raya en la estupidez y refleja lo molesto que está López, así que invitó a Loret de Mola a que:
…en aras de la transparencia decir cuánto gana al mes y quién le paga”
Y agregó que:
…no quiero que se escude diciendo que es actividad privada, porque eso sí es una actividad pública”.
Lo de López ya es demencial, porque sin defender en absoluto al nefasto Carlos Loret de Mola, no porque López sea el presidente de México, tiene derecho a exigirle a cualquier ciudadano hacer públicos sus ingresos y quiénes son sus pagadores. ¿Qué se siente López? ¿Fiscal, juez, ministerio público? ¿Hay alguna orden firmada por un juez que obligue a Loret de Mola a transparentar sus ingresos?
Lo único que refleja López ante esta absurda petición, es que le dolió muchísimo que se exhibiera el ostentoso modo de vida que tiene su hijo José Ramón López Beltrán, porque choca con su cacareada cantaleta de «austeridad republicana».
Si yo fuera Loret de Mola, le respondería a López que con gusto lo haría, sólo que a cambio le pediría que él transparente de dónde salieron sus recursos para la larguísima campaña electoral que sostuvo por más de 12 años. ¿Quién pagaba las giras por todo el país durante todo ese tiempo? ¿De dónde salía el dinero para los mítines, los aviones, las gasolinas, las comidas y para el sostenimiento de su familia? ¡Ah y quién o quiénes lo financiaban y a cambio de qué! Y que por favor no nos vaya a salir que de la venta de sus libros, porque ninguno ha sido un best seller.
Compartimos con ustedes la petición que desde Palacio Nacional hace López a Loret de Mola.
La historia de éxito de la coordinadora de interoperabilidad de Programas Sociales en Guanajuato, Mónica Frausto Aldana.
La vida de Mónica Betzabé Frausto Aldana tuvo un drástico cambio en menos de dos años al pasar de ser una edecán con presencia constante en eventos de la ciudad de León, Guanajuato, a funcionaria de carácter federal y empresaria. El milagro del Bienestar no se reduce a la servidora pública, al menos siete integrantes de su familia forman parte de la nómina de la Secretaría de Programas Sociales en el Estado.
La historia de éxito de la actual coordinadora de interoperabilidad de programas sociales, con un sueldo de $29,018.00 mensuales no hace olvidar aquellos años en los que perteneció a una agencia de edecanes y podía apreciársele en compañía de su hermana María Fernanda Frausto Aldana y de su prima Pamela Zepeda Aldana -también empleadas adscritas a la Secretaría- portando entallados vestidos en los pasillos de ferias empresariales como SAPICA o ANPIC.
Pamela Zepeda Aldana, Servidora pública federal, aún conserva fotografías de su etapa como edecán en sus redes sociales
Es bien conocido que, Mauricio Hernández Núñez antes de ser Superdelegado federal, gustaba de contratar edecanes para cubrir eventos del partido del Movimiento de Regeneración Nacional.
Según la información obtenida a través del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) en menos de dos años Frausto Aldana pasó de ser Servidora de la Nación a Coordinadora de Interoperabilidad de los programas sociales en Guanajuato, lo cual le significó un incremento de 20 mil pesos de sueldo y prestaciones concernientes a su encargo, como lo son automóvil y pago de viáticos.
Detalle del aumento puesto y sueldo en menos de dos años de Mónica Frausto Aldana que se obtuvo a través de la solicitud de acceso a la información publica folio 0002000161521
En el CV presentado por la propia funcionaria en su ingreso a la Secretaría de Bienestar en febrero de 2019, manifestó contar con estudios correspondientes a los de Turismo de Negocios por la Universidad de León, no obstante, no obra registro alguno de cédula profesional a su nombre en la página de la Secretaría de Educación pública (SEP).
CV de Mónica Frausto Aldana en el que manifiesta contar con estudios concernientes a Turismo de Negocios
El avance escalafonario en tan poco tiempo de esta funcionaria es notable debido a que no cubre con un perfil académico idóneo, ni tampoco cuenta con la experiencia profesional previa para ocupar un cargo de tal relevancia, no obstante, su golpe de suerte continua, pues recientemente se estrenó como empresaria al inaugurar una zapatería en la Ciudad de Yuriria, Guanajuato, situación que no ha sido reportada en la Secretaría de la Función Pública, ante la cual manifestó a mediados de este año el no contar con ingresos extras, ni posesiones de ningún tipo.
Detalle de la declaración patrimonial de Mónica Frausto que obra en el portal de la SFP Declaranet
Los actos de probable corrupción no se limitan a aceptar un cargo para el que no se cumple con el perfil y a la flagrante omisión al reportar sus ingresos, Mónica Betzabé Frausto Aldana también aprovechó su cercanía con Hernández Núñez -responsable de las contrataciones en Bienestar-, para colocar a 7 mujeres pertenecientes a su familia como empleadas adscritas a la Secretaría, quienes, de acuerdo a los currículums obtenidos a través del Instituto Nacional de Transparencia, cinco cuentan solamente con estudios de secundaria, mientras que dos con bachillerato adquirido por la vía de educación abierta; refieren contar con experiencia como edecanes, cocineras y empleadas de mostrador.
La contratación de personal con estas características para el ejercicio de cargos públicos dentro de la administración federal es posible, dado a que así lo determinó el Comité Técnico de profesionalización de la Secretaría del Bienestar durante su primera sesión ordinaria, celebrada el cuatro de enero de 2019, al eliminar las convocatorias y los concursos de plaza, así como el servicio profesional de carrera, esto con base en el acuerdo CTPSB 00/1ª.
¿Qué relación tienen la poca preparación y experiencia del personal adscrito a Bienestar Guanajuato, con la falla en la operación, entrega y rendición de cuentas de los programas sociales?
Son múltiples las recomendaciones emitidas por diferentes organizaciones hacia la Secretaría del Bienestar, que versan en el tenor que, sin un diseño, correcta evaluación y mecanismos de control adecuados, estos no serán eficaces, ni ayudarán a resolver los problemas históricos de la sociedad mexicana, tal es el caso que, pese a ser el combate a la pobreza el principal objetivo de los programas sociales, el municipio de León, Guanajuato, fue catalogado como el de mayor cantidad de personas en situación de pobreza durante el 2020 según los datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL).
Los malos manejos de la Delegación de programas sociales en Guanajuato, que se vieron reflejados en las urnas las pasadas elecciones ¿son resultado de la corrupción, o de la incompetencia?
León, Guanajuato.- Luis Montes Villagómez, director de servicios jurídicos del IMSS logró acomodar a sus dos hijos: Eli Citlali y Luis Arturo, de apellidos Montes López, como funcionarios públicos en áreas estratégicas dentro de la delegación en el estado de Guanajuato. Un caso claro de Nepotismo en el IMSS.
Actas de nacimiento donde se acredita el parentesco de los funcionarios públicos.
En 7 años y bajo el amparo de dos delegados, la familia de abogados obtuvo puestos a nivel jefatura, sin pasar por el proceso de insaculación, el escalafón, ni el concurso de oposición dentro del Instituto Mexicano del Seguro Social.
Luis Montes Villagómez ingresó como jefe del área jurídica de la delegación del Instituto en 2014, cuatro años después, su hijo Luis Arturo Montes López se registraba ante el portal Declaranet de la Secretaría de la Función Pública como auditor; este 2021, su hija Eli Citlali López Montes ingresó como titular del órgano de operación administrativa y además ejerce la función de asesora del delegado IMSS Marco Antonio Hernández Carrillo.
Los actos de corrupción no se limitan al nepotismo, las estratagemas de Montes Villagómez, tendientes al control de las áreas jurídica, de administración y fiscalización; así como el contacto directo con las empresas auditadas, hacen latente el conflicto de intereses del funcionario; que además es señalado por personas que rindieron su testimonio a este medio y que prefirieron permanecer en el anonimato, de recibir sobornos a efecto de evitar que los procedimientos administrativos y/o laborales procedan en contra de servidores públicos y empresas que son denunciados por irregularidades.
La encomienda por parte del ejecutivo federal a Zoé Robledo Aburto, director general del IMSS a su llegada fue la eliminación de malas prácticas en la administración pública, siendo uno de los principales temas en la agenda política el combate a la corrupción.
Minacarán, la corrupción y la Industria Minera, así como los intereses políticos están cobrando vidas en la Región Carbonífera de Coahuila.
Minacarán, Múzquiz, Coahuila, el viernes 4 de junio de 2021 el reporte de 7 mineros que quedaron atrapados al interior de la Mina ubicada en el Ejido Rancherías hizo que se encendieran las alarmas; el accidente ocurrió en una mina sobreexplotada que anteriormente fue propiedad de Grupo México; hace tan solo dos años, en 2019 allí mismo murió un minero en otro accidente, la empresa libró los problemas legales cambiando su razón social; jamás se indemnizó a la familia. Actualmente es propiedad de Gerardo Nájera, socio de Antonio Flores Guerra, un empresario minero hermano de la recién electa alcaldesa de Múzquiz y relacionado con el presidente de la comisión de energía en el Senado Armando Guadiana Tijerina.
Fue alrededor del mediodía cuando uno de los obreros golpeó el cañón de una mina contigua causando el desbordamiento del agua que se encontraba estancada provocando el colapso de la estructura.
Cuatro horas después el equipo de rescate compuesto por 60 trabajadores, 4 plantas generadoras de luz y 3 bombas sumergibles, fue recibido entre aplausos por familiares que horas antes fueron testigos de cómo las dos bombas con las que contaba la empresa solo succionaban aire y quienes aún guardaban la esperanza de encontrar a sus familiares con vida.
Ni al Estado Mexicano, ni a la Industria minera les importan los trabajadores, solo se preocupan por las cifras, la producción; aún no eran rescatados los cuerpos de los mineros y la empresa ya estaba solicitando más personal. El domingo 6 de junio, tan solo dos días después del accidente fueron las elecciones intermedias del país.
Los cuerpos de las víctimas finalmente fueron recuperados tras seis días de complicadas maniobras.
Tragedia que pudo haberse evitado
En octubre de 2020 en un evento donde se anunciaba un plan de reactivación económica a través de las carboníferas en Coahuila, se entregó una carta al director de la Comisión Federal de Electricidad Manuel Bartlett, donde se advertían las pésimas condiciones de Minacarán: situaciones como la falta de agua potable, equipo de seguridad adecuado, la falta de consola de medición de gas, extinguidores y ventilación. Tras la denuncia, la Mina fue verificada ese mismo mes por personal de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Aunque fueron detectadas varias anomalías la dependencia permitió que continuara operando pese al riesgo que representaba para los obreros.
A tan solo 40 minutos de Minacarán hace quince años se presentó la más grande tragedia en los años recientes de la historia de la minería del país.
Pasta de Conchos
El 19 de febrero de 2006, la mina 8 de la Unidad Pasta de Conchos, sufrió una explosión por acumulación de gas metano que vio aumentados sus efectos debido a las condiciones deplorables de seguridad; 65 de los 73 obreros que se encontraban trabajando en ese turno quedaron atrapados.
El lugar tenía reportes desde el año 2000. En la última inspección registrada realizada el 12 de julio de 2004, se asentaron 43 violaciones directas a la norma de seguridad e higiene y se ordenaron 48 medidas, muchas de ellas de extrema urgencia. Sin embargo, las autoridades omitieron supervisar que se subsanaran las fallas detectadas. Cobrando la cantidad de 500 mil pesos de multa, una nimiedad para los millones de dólares que obtienen de ganancia.
Las labores de rescate inexplicablemente quedaron a cargo de la propia compañía responsable: Grupo México, propiedad del multimillonario Germán Larrea. El 4 de abril del año 2007 un año después del siniestro y de rescatar tan solo dos cuerpos de las víctimas, la empresa decidió suspender el rescate argumentando que se ponían en riesgo las vidas de los rescatistas; sin embargo, las familias manifiestan que la verdadera razón de la suspensión es que de ingresar a la mina se evidenciarían las pésimas condiciones de trabajo en la que operaban, lo que acarrearía sanciones penales, económicas, administrativas e incluso el retiro de las concesiones de la empresa.
Solamente se tiene registro de dos tragedias en las que se ha negado el rescate de cuerpos en accidentes mineros, en ambos casos el responsable fue Grupo México.
Carbón ¿barato?
En Coahuila se ubica la denominada Región Carbonífera, su nombre se origina por ser la única productora de carbón en el país; se estima que el diez por ciento de la energía nacional se produce allí, por decirlo en términos más prácticos, un foco de cada diez que se encienden en la República Mexicana se produce por carbón.
Pese a que el precio del carbón es tasado en dólares a nivel internacional, los sueldos que se ofertan en la Industria en México varían entre los $1,500 pesos ($75.01 USD) y los $3,000 pesos ($150.02 USD) a la semana, no obstante, los empleados son registrados ante el IMSS con el salario mínimo.
Mientras el mundo experimenta una transición energética para reducir el uso de fuentes contaminantes, el presidente de México Andrés Manuel López Obrador ha basado su discurso político en el rescate de viejos monopolios, desestimando datos duros sobre cualquier tema energético que no se alinee con su agenda.
Peor aún, la corrupción y los intereses privados han propiciado cambios en la legislación federal en detrimento de los derechos humanos, laborales y ambientales; echando para atrás la reforma energética de 2013 que prohibía la explotación de las carboníferas, reafirmando el uso de éste -el carbón-, el petróleo y el gas, para proporcionar energía barata, provocando contaminación, pérdida de suelos y calentamiento global.
Así mismo la Secretaría del Trabajo a partir de la última reforma laboral renunció a las facultades de cancelar centros de trabajo, delegando la responsabilidad a Protección Civil y a la Secretaría de Economía que es la encargada tras adquirir facultades al desaparecer la Subsecretaria de minas, por lo tanto, no hay inspectores.
De igual modo, ha quedado en evidencia corrupción, ya que la compra de carbón que la Comisión Federal de Electricidad realiza en Coahuila con el objetivo de reactivar la economía ya que se privilegió a familias y empresas ligadas a grupos políticos del partido MORENA, quedando exhibida la falta de licitaciones en los contratos; la CFE firmó contratos para comprar 2 millones de toneladas de carbón, los principales beneficiados son productores vinculados con políticos como el presidente de la comisión de Energía en el Senado de la República Armando Guadiana Tijerina.
La empresa eléctrica pactó compras por 93 millones de pesos con cuatro sociedades vinculadas con la alcaldesa electa de Múzquiz: Tania Flores Guerra y su hermano Antonio Flores Guerra, amigo de Guadiana Tijerina y socio de Gerardo Nájera, propietario de Minacarán, a la que un mes antes de la tragedia le fue otorgado el contrato sin licitación.
Lo ocurrido el 4 de junio deja en evidencia la indiferencia y la falta de interés de una administración que al no apostar por métodos de energías sustentables está cobrando vidas.
La muerte de los 65 de Pasta de Conchos, los siete de Múzquiz, así como la de decenas de mineros que han perdido la vida en las minas de la Región Carbonífera en Coahuila a consecuencia de inhumanas condiciones de trabajo, no son hechos fortuitos, ni mucho menos inevitables, sino el resultado de la omisión y tolerancia de las autoridades, así como de la ilegalidad en la que operan los empresarios carboníferos.
