Minacarán, la corrupción y la Industria Minera, así como los intereses políticos están cobrando vidas en la Región Carbonífera de Coahuila.
Minacarán, Múzquiz, Coahuila, el viernes 4 de junio de 2021 el reporte de 7 mineros que quedaron atrapados al interior de la Mina ubicada en el Ejido Rancherías hizo que se encendieran las alarmas; el accidente ocurrió en una mina sobreexplotada que anteriormente fue propiedad de Grupo México; hace tan solo dos años, en 2019 allí mismo murió un minero en otro accidente, la empresa libró los problemas legales cambiando su razón social; jamás se indemnizó a la familia. Actualmente es propiedad de Gerardo Nájera, socio de Antonio Flores Guerra, un empresario minero hermano de la recién electa alcaldesa de Múzquiz y relacionado con el presidente de la comisión de energía en el Senado Armando Guadiana Tijerina.
Fue alrededor del mediodía cuando uno de los obreros golpeó el cañón de una mina contigua causando el desbordamiento del agua que se encontraba estancada provocando el colapso de la estructura.
Cuatro horas después el equipo de rescate compuesto por 60 trabajadores, 4 plantas generadoras de luz y 3 bombas sumergibles, fue recibido entre aplausos por familiares que horas antes fueron testigos de cómo las dos bombas con las que contaba la empresa solo succionaban aire y quienes aún guardaban la esperanza de encontrar a sus familiares con vida.
Ni al Estado Mexicano, ni a la Industria minera les importan los trabajadores, solo se preocupan por las cifras, la producción; aún no eran rescatados los cuerpos de los mineros y la empresa ya estaba solicitando más personal. El domingo 6 de junio, tan solo dos días después del accidente fueron las elecciones intermedias del país.
Los cuerpos de las víctimas finalmente fueron recuperados tras seis días de complicadas maniobras.
Tragedia que pudo haberse evitado
En octubre de 2020 en un evento donde se anunciaba un plan de reactivación económica a través de las carboníferas en Coahuila, se entregó una carta al director de la Comisión Federal de Electricidad Manuel Bartlett, donde se advertían las pésimas condiciones de Minacarán: situaciones como la falta de agua potable, equipo de seguridad adecuado, la falta de consola de medición de gas, extinguidores y ventilación. Tras la denuncia, la Mina fue verificada ese mismo mes por personal de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Aunque fueron detectadas varias anomalías la dependencia permitió que continuara operando pese al riesgo que representaba para los obreros.
A tan solo 40 minutos de Minacarán hace quince años se presentó la más grande tragedia en los años recientes de la historia de la minería del país.
Pasta de Conchos
El 19 de febrero de 2006, la mina 8 de la Unidad Pasta de Conchos, sufrió una explosión por acumulación de gas metano que vio aumentados sus efectos debido a las condiciones deplorables de seguridad; 65 de los 73 obreros que se encontraban trabajando en ese turno quedaron atrapados.
El lugar tenía reportes desde el año 2000. En la última inspección registrada realizada el 12 de julio de 2004, se asentaron 43 violaciones directas a la norma de seguridad e higiene y se ordenaron 48 medidas, muchas de ellas de extrema urgencia. Sin embargo, las autoridades omitieron supervisar que se subsanaran las fallas detectadas. Cobrando la cantidad de 500 mil pesos de multa, una nimiedad para los millones de dólares que obtienen de ganancia.
Las labores de rescate inexplicablemente quedaron a cargo de la propia compañía responsable: Grupo México, propiedad del multimillonario Germán Larrea. El 4 de abril del año 2007 un año después del siniestro y de rescatar tan solo dos cuerpos de las víctimas, la empresa decidió suspender el rescate argumentando que se ponían en riesgo las vidas de los rescatistas; sin embargo, las familias manifiestan que la verdadera razón de la suspensión es que de ingresar a la mina se evidenciarían las pésimas condiciones de trabajo en la que operaban, lo que acarrearía sanciones penales, económicas, administrativas e incluso el retiro de las concesiones de la empresa.
Solamente se tiene registro de dos tragedias en las que se ha negado el rescate de cuerpos en accidentes mineros, en ambos casos el responsable fue Grupo México.
Carbón ¿barato?
En Coahuila se ubica la denominada Región Carbonífera, su nombre se origina por ser la única productora de carbón en el país; se estima que el diez por ciento de la energía nacional se produce allí, por decirlo en términos más prácticos, un foco de cada diez que se encienden en la República Mexicana se produce por carbón.
Pese a que el precio del carbón es tasado en dólares a nivel internacional, los sueldos que se ofertan en la Industria en México varían entre los $1,500 pesos ($75.01 USD) y los $3,000 pesos ($150.02 USD) a la semana, no obstante, los empleados son registrados ante el IMSS con el salario mínimo.
Mientras el mundo experimenta una transición energética para reducir el uso de fuentes contaminantes, el presidente de México Andrés Manuel López Obrador ha basado su discurso político en el rescate de viejos monopolios, desestimando datos duros sobre cualquier tema energético que no se alinee con su agenda.
Peor aún, la corrupción y los intereses privados han propiciado cambios en la legislación federal en detrimento de los derechos humanos, laborales y ambientales; echando para atrás la reforma energética de 2013 que prohibía la explotación de las carboníferas, reafirmando el uso de éste -el carbón-, el petróleo y el gas, para proporcionar energía barata, provocando contaminación, pérdida de suelos y calentamiento global.
Así mismo la Secretaría del Trabajo a partir de la última reforma laboral renunció a las facultades de cancelar centros de trabajo, delegando la responsabilidad a Protección Civil y a la Secretaría de Economía que es la encargada tras adquirir facultades al desaparecer la Subsecretaria de minas, por lo tanto, no hay inspectores.
De igual modo, ha quedado en evidencia corrupción, ya que la compra de carbón que la Comisión Federal de Electricidad realiza en Coahuila con el objetivo de reactivar la economía ya que se privilegió a familias y empresas ligadas a grupos políticos del partido MORENA, quedando exhibida la falta de licitaciones en los contratos; la CFE firmó contratos para comprar 2 millones de toneladas de carbón, los principales beneficiados son productores vinculados con políticos como el presidente de la comisión de Energía en el Senado de la República Armando Guadiana Tijerina.
La empresa eléctrica pactó compras por 93 millones de pesos con cuatro sociedades vinculadas con la alcaldesa electa de Múzquiz: Tania Flores Guerra y su hermano Antonio Flores Guerra, amigo de Guadiana Tijerina y socio de Gerardo Nájera, propietario de Minacarán, a la que un mes antes de la tragedia le fue otorgado el contrato sin licitación.
Lo ocurrido el 4 de junio deja en evidencia la indiferencia y la falta de interés de una administración que al no apostar por métodos de energías sustentables está cobrando vidas.
La muerte de los 65 de Pasta de Conchos, los siete de Múzquiz, así como la de decenas de mineros que han perdido la vida en las minas de la Región Carbonífera en Coahuila a consecuencia de inhumanas condiciones de trabajo, no son hechos fortuitos, ni mucho menos inevitables, sino el resultado de la omisión y tolerancia de las autoridades, así como de la ilegalidad en la que operan los empresarios carboníferos.
