El feminicidio de Liliana Lozada en Puebla, es un reflejo de la violencia de género simbólica e institucional, ejercida por los medios de comunicación y las autoridades en México.
Por: Rosario Mtz. De la Vega
Puebla. Liliana Lozada de Jesús tenía 33 años, se dedicaba al modelaje y fue conductora de radio y Tv en su natal Puebla. Salió del hogar que compartía con sus dos hijos de 10 y 7 años de edad en la Colonia Capulines el pasado 3 de enero, ese día tuvo una última llamada con su hermano Saúl Lozada, a quien le dijo acudiría a una cita de trabajo en un fraccionamiento ubicado en el municipio de Atlixco. Jamás regreso.
Al perder todo contacto la familia Lozada comenzó a preocuparse, sin embargo, el equipo celular de Lilly -como le llamaban de cariño-, continuaba encendido, de ese modo lograron geolocalizar su ubicación en un punto al poniente de la ciudad de Puebla. Al llegar y preguntar por ella, las personas que se encontraban en el domicilio del punto marcado, les comunicaron que ésta no se encontraba allí y en un tono amenazante les pidieron que se retiraran del lugar, a los pocos minutos el teléfono dejó de sonar. Al día siguiente, acudieron a la Fiscalía a interponer la denuncia correspondiente.
Tras su desaparición, las primeras investigaciones fueron dirigidas hacia el conductor de la plataforma de taxis ejecutivos Didi, servicio que solicitó para trasladarse a la cita, no obstante, se comprobó que Liliana completó el viaje, incluso las cámaras de seguridad del fraccionamiento dan cuenta de su ingreso, pero no hay constancia en ellos de su salida. El nuevo rumbo que la investigación tomaría era dirigido hacia la persona con la que Liliana se encontró.
El 22 de enero, 18 días después, su cuerpo fue localizado semienterrado en una improvisada fosa de un predio ubicado en la exhacienda de Acocotla, a escasos 5 minutos del fraccionamiento donde la vieron con vida por última vez. Fue reconocida por sus familiares gracias a la ropa que usaba el día en que desapareció.
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Las víctimas de feminicidio viven en una situación de vulnerabilidad, la cual se sigue postergando incluso después de su muerte, tal es el caso de Liliana, señalada por la prensa como “acompañante o scort”, haciéndose presente de este modo la violencia simbólica, al sugerir los reporteros que, ciertas características como la ocupación de la víctima, son la causa de su tragedia; siendo el trabajo sexual una de las condiciones más recalcadas.
Existe un patrón constante en la manera en la que se relatan los feminicidios en los medios, evidenciando valoraciones que poco o nada tienen que ver con el manejo objetivo de la noticia, por mucho, hacen lo contrario al recrear y justificar las agresiones.
Los prejuicios utilizados por los reporteros a la hora de abordar los asesinatos de mujeres, sancionan moralmente a las víctimas, sin embargo, la violencia no se limita a la simbólica que se ejerce a través de los medios, también es ejercida la de tipo Institucional a cargo del Estado.
El gobernador Miguel Barbosa mencionó en rueda de prensa el lunes 24 de enero que ya se tiene plenamente identificado al presunto feminicida de Liliana y, que incluso, este había sido entrevistado por la Fiscalía General del Estado de Puebla al momento de comenzar con las indagatorias y que actualmente se encontraba en calidad de prófugo.
Hasta el momento las autoridades no han emitido una ficha con los generales y señas particulares del presunto responsable del feminicidio de la modelo, argumentando que se podría atentar en contra del debido proceso y la presunción de inocencia, pero ¿y el daño que hace la exposición mediática de detalles tan íntimos de las víctimas y sus familiares? Sobre Liliana se ha dado a conocer todo, menos el nombre de su asesino, de quien se ha dicho se trata de un importante empresario.
En noviembre de 2021 fue dada a conocer la recomendación 32/2021 emitida por la Comisión estatal de Derechos Humanos, en la que se dan cuenta las diversas omisiones por parte de la Fiscalía en la investigación de feminicidios, las cuales van desde no procurar la búsqueda de testigos, el no solicitar registros de cámaras de vigilancia cercanas a los lugares en los que ocurrieron los hechos, ni recoger pruebas biológicas para identificar a las víctimas o a los responsables.
La negligencia es tal, que la Fiscalía ni siquiera pudo acreditar en dónde se encuentran los cuerpos de las 226 mujeres que perdieron la vida de forma violenta en el transcurso de 2 años -de 2019 a 2021- en el Estado de Puebla, es decir, se desconoce cuántos de estos fueron reclamados y cuantos yacen sin identificar en la fosa común; solo 39 de estos fueron catalogados con el tipo penal de Feminicidio y, según el discurso oficial del gobierno de Miguel Barbosa, el 80% de los casos fueron resueltos y no hay impunidad.
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El feminicidio de Liliana Lozada es el tercero en lo que va de 2022 en el Estado de Puebla.
La falta de preparación en perspectiva de género por parte las autoridades y los medios, la carencia de empatía hacia víctimas y sus familiares; así como las malas prácticas por parte de empleados de las fiscalías, contribuyen a la revictimización y a la violación sistemática de los derechos humanos de las mujeres, que culmina con la expresión máxima de la violencia ejercida: el feminicidio.
