El día de ayer, mientras en la Ciudad de México era detenido Dámaso López Núñez, «El Licenciado», en la capital de Sinaloa la Marina Armada de México sacaba de su domicilio a David «N«, operador de éste en Culiacán. Posteriormente, cuando los familiares van a investigar su situación legal, les informan que «El pollo», como se le conocía, «se infartó» y murió.
No es la primera vez que ocurren casos así y seguramente no será la última, porque desafortunadamente en México no hay consecuencias, ni investigación, ante casos de este tipo. Los familiares de David, pese a que aseguran que no pertenecía a ningún cártel y que fue sacado de su casa, sin camisa y vivo, recibieron una versión diferente; según los marinos, al detenido lo encontraron en un lugar despoblado al sur de Culiacán, ya muerto.
Hasta el momento se sabe que la familia de David «N» habría interpuesto una queja en la Comisión Estatal de Derechos Humanos, pero sabemos que de nada va a servir; a los «aguacates» impunes de la Marina Armada de México, no hay quien les toque un solo pelo.
Alejandra Alemán, la ciudadana estadounidense que junto con su esposo fue agredida por los sicarios de la Marina Armada de México, niega ante las cámaras de televisión que el comunicado que emitió la institución sea verdad.
Cobardemente, los sicarios del mal gobierno negaron que ELLOS, desde un helicóptero artillado, hayan disparado a la camioneta Tahoe que «confundieron» con la que sus servicios de «inteligencia» reportaban poseía el «Comandante Toro» del Cártel del Golfo.
Compartimos con ustedes el fragmento de video que está circulando en este momento en redes sociales.
La guerra que se vive en Tamaulipas desde hace más de diez años, se ha cobrado la vida de miles de personas, muchas de ellas inocentes. Lo ocurrido en Reynosa hace dos días es un ejemplo de esta situación y de cómo la autoridad, primero niega los hechos y después los justifica diciendo que son los ‘daños colaterales’ para conseguir el bien mayor que es el acabar con el crimen organizado. No es la primera vez que en Tamaulipas ocurren hechos de esta naturaleza, pero como siempre, las mal llamadas fuerzas de seguridad quedan impunes y no se juzga a nadie por disparar sin tener claro que a quien se le dispara es un delincuente o no lo es.
Lo más vergonzoso de esta situación, es que la Secretaría de Marina Armada de México publicó un comunicado donde niega lo sucedido, pese a que las víctimas, que afortunadamente sobrevivieron, narraron que los disparos vinieron desde tierra, pero también desde el aire y hasta donde se sabe, los grupos de la delincuencia organizada en aquella entidad, aun no cuentan con helicópteros artillados para poder justificar que pudieron haber sido ellos. No, la realidad es que los sicarios de la Marina usaron armas de alto poder contra dos ciudadanos norteamericanos, porque los «confundieron» con el jefe de plaza de la ciudad de Reynosa, el Comandante Toro.
Mientras estamos atentos a las agresiones del delincuente que ahora está en la presidencia de los Estados Unidos, hemos dejado de observar lo que sin lugar a dudas es el tema más importante en nuestro país; el uso de militares avalado constitucionalmente, que legalizaría su estancia permanente en las calles de México. Por ahora, es ilegal que los militares esté cumpliendo labores de policía y pese a que hemos visto que las violaciones a derechos humanos se repiten de manera frecuente, desde el poder no se hace nada por evitarlo y por el contrario, ahora se pretende que ni siquiera puedan ser investigados los delitos que los soldados cometen. Pero va más allá, porque según la iniciativa que ya se discute en el Senado de la República, los soldados pueden obtener información utilizando «cualquier método» para ello. Así que si antes, al ver torturas nos indignábamos, tendríamos que acostumbrarnos porque ahora la tortura sería «legal».
Pese a que cada vez es más frecuente encontrarnos con información de este tipo, la sociedad mayoritariamente sigue creyendo que la Marina Armada de México es la institución que tiene el más alto prestigio y credibilidad del país. Simplemente, no lo comprendemos. Todo esto, pese a que con datos de la Procuraduría General de la República, hemos demostrado que entre las mal llamadas ‘fuerzas de seguridad’, es precisamente la Marina la que tiene el mayor número de denuncias por desaparición forzada; también los hemos visto involucrados en ejecuciones extrajudiciales, como en el caso de Tamazula en Durango. Y una vez más los sicarios de Soberón son exhibidos como eso, como sicarios; como un brazo armado del Cártel del Gobierno.
