El día de ayer el diario El País publicó un video donde un jefe médico del Hospital de Parla da instrucciones al personal para no atender a personas con «poca esperanza de vida» o «poca posibilidad de recuperarse» de COVID19.
Vamos a denegar la cama a los pacientes que más riesgo de morir tienen» dice el médico al personal a su cargo en una reunión que se llevó a cabo en marzo, cuando en España se vivía con mayor intensidad el brote de la pandemia.
El vídeo fue grabado en el hospital Infanta Cristina de Parla, al sur de la capital, como parte de una sesión preparatoria para un escenario inminente de colapso hospitalario, destaca El País. Y fue grabado por el mismo personal que recibía las instrucciones porque se trataba de «información importante».
Los dejaron morir. Esa es la verdad. Podemos entender que ante el colapso que vivió el sistema de salud en la Comunidad de Madrid se tuviera que recurrir a algo tan drástico, pero no que la decisión se tomara desde un escritorio de cualquier político, sino con protocolos bioéticos bien establecidos por un comité de expertos en los que la política quedara en segundo término. No fue así, porque quien decidió esto fue la misma presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso.
LIBRO: COVID-19 Diario de una enfermera de UVI
Y hay más, porque el drama de terror que se vivió en las residencias para adultos mayores también se guió bajo instrucciones que venían desde el gobierno. El médico dice sin un mínimo de empatía que en el caso de las residencias a los abuelos:
Se les está dando terapia para infección bacteriana y si es un covid, mala suerte”.
Y más adelante agrega:
Si queremos salvar a nuestros ancianos tendremos que asumir de alguna forma… arriesgar a que un paciente joven, que si empeora nadie le va a denegar una cama de UCI, esté en su casa”
Es posible que en las próximas semanas a un paciente de x edad se le deniegue el ingreso hospitalario porque necesitemos la cama para otro paciente que se beneficie más de ello. Esto es un trauma. Vamos a denegar la cama a los pacientes que más riesgo de morir tienen pero necesitamos reservarla para los que más años de vida podemos salvar”.
Si después de esta evidencia no hay consecuencias penales contra los que participaron en esto, la sociedad española puede estar segura que su gobierno podría hacer ya cualquier cosa y nada le impediría que así sea.
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