El día de ayer el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sesionó para resolver la admisión o negativa de algunos nuevos partidos políticos, entre los que se encontraba México Libre, de la familia Calderón-Zavala.
La buena noticia es que al ex presidente y a su esposa Margarita Zavala, no les fue aceptado el cártel que pretendían legalizar. Los magistrados concluyeron que obtuvieron recursos de forma ilegal y eso era motivo suficiente para negarles el registro.
La mala noticia es que a una de las mujeres más corruptas de la historia de México, Elba Esther Gordillo, le aprobaron la formación de un nuevo partido, las Redes Sociales Progresistas.
Para éste último caso, el TEPJF no consideró que el Instituto Nacional Electoral (INE) haya concluido que la agrupación no logró completar las asambleas requeridas, toda vez que las que realizó fueron reuniones con maestros del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación; es decir que de manera tramposa las Redes Sociales Progresistas reunían maestros agremiados al sindicato y simulaban que eso era una asamblea.
Tampoco importó a los magistrados que se haya documentado que el ahora partido político entregara dádivas en las asambleas, como quedó plenamente documentado.
Curiosa resolución del TEPJF, porque uno de los motivos por el que se negó el registro a México Libre, fue precisamente ése, que habían entregado dinero a cambio de la asistencia a algunas de sus asambleas.
La familia del genocida Calderón se quedó con ganas de formar un nuevo cártel y tener acceso a recursos públicos para su financiamiento; los magistrados basaron su negativa para registrarlo en que hubo donaciones de personas desconocidas por medio de la plataforma CLIP.
EL INE había resuelto negar el registro al cártel de los Calderón precisamente porque era difícil saber si ésas donaciones tenían un origen lícito; el TEPJF concluyó lo mismo, porque en los registros de las donaciones no aparecían los datos bancarios de los supuestos donantes.
Hoy, la corrupta Elba Esther Gordillo está de regreso en la política y seguramente a cambio de votar en favor de las iniciativas que presente Morena, el gobierno tendrá que concederle algunos «favores».
El genocida y su esposa en lugar de partido político tendrían que estar frente a un juez y de ahí pasar directo a una cárcel.
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