Rosario Robles Berlanga, secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) informó a dirigentes de 10 agrupaciones del Congreso Agrario Permanente (CAP) que las primeras 25 licitaciones para la exploración y explotación de petróleo, derivadas de la reforma energética, afectarán a 83 ejidos de cinco estados.
Humberto Serrano Novelo, coordinador del CAP declaró que también durante la primera reunión con la titular de Sedatu, ella puntualizó que serán además 151 mil documentos de dominio pleno que la institución deberá entregar antes de que concluya el primer trimestre del año para cumplir con las instrucciones de Enrique Peña Nieto. Sin ese documento, los ejidatarios y comuneros no podrán llevar a cabo el trámite de cambio de propiedad social a privada.
El coordinador del CAP también comentó que se abrirán mesas de negociación para tratar los temas de la vivienda rural, el rezago agrario, así como de la situación de los ejidos y las comunidades afectadas por esta reforma.
“Los dirigentes de las agrupaciones sostuvimos que no permitiremos atropellos ni abusos en el proceso de los contratos o expropiaciones para la exploración y explotación de petróleo y gas. La transición debe ser ordenada y con equidad”, dijo Serrano Novelo.
Apuntó además que en la que sostuvieron con la secretaria del Sedatu, se habló del relevo generacional en la propiedad de la tierra, pues la mayoría de los ejidatarios son personas de la tercera edad. Se propuso elaborar un programa para que los ejidatarios reciban un pago por su tierra de parte de sus hijos a manera de darles un retiro digno.
Al respecto del documento necesario para los trámites de propiedad, el dirigente de la Unión Campesina Democrática (UCD), José Durán Vera, comentó que durante la reunión demandó que ese documento no se convierta en una prioridad para la política agraria, ya que ello implica la privatización escondida de ejidos y comunidades, así mismo, que los 450 millones de pesos que fueron asignados este año para combatir el rezago agrario son insuficientes, por lo que se acordó tener la información precisa de los beneficios de terminar con los conflictos agrarios.
En cuanto a los contratos con las empresas extractivas –mineras, petroleras o gaseras– se demandó la participación de todas las instituciones del sector agrario (Registro Agrario, Procuraduría Agraria y Fifonafe) para evitar abusos y desigualdades.
Por otro lado, durante la primera Sesión Extraordinaria de 2016 del Órgano de Gobierno de la CNH se aprobó por unanimidad la resolución por la que se emite la autorización en los términos solicitados por Petróleos Mexicanos (Pemex), para llevar a cabo la perforación de los pozos exploratorios Basto Mil Uno y Nobilis Uno.
Lo anterior, en el marco de la primera Sesión Extraordinaria de 2016 del Órgano de Gobierno de la CNH, en la que se abordaron desde el punto de vista técnico y jurídico las implicaciones de estas dos autorizaciones, como parte de la reforma energética.
El director de Dictamen de Autorización de Exploraciones, José Antonio Alcántara, precisó que en lo que se refiere a la parte técnica, el pozo Basto Mil Uno tendrá un costo de perforación y terminación de tres mil 275 millones de pesos y 126 millones de pesos, respectivamente.
Ello implica un total de tres mil 401 millones de pesos para la exploración de dicho pozo, cuyo antecedente es de aceite ligero. Se encuentra ubicado en el talud continental del Golfo de México frente a la costa del estado de Tamaulipas, a 72 kilómetros con la frontera con Estados Unidos.
Alcántara detalló que el recurso estimado en este pozo es de 203 millones de barriles de petróleo crudo, y asociado a una probabilidad de éxito geológico de 46 por ciento y una probabilidad de éxito comercial de 30 por ciento.
En el caso del pozo Nobilis Uno, el funcionario explicó que desde el punto de vista técnico no existen eventos geológicos o de integridad del pozo u operacionales que impidan desarrollar su perforación, de acuerdo con el análisis documental revisado.
