Rosario Robles Berlanga, secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) informó a dirigentes de 10 agrupaciones del Congreso Agrario Permanente (CAP) que las primeras 25 licitaciones para la exploración y explotación de petróleo, derivadas de la reforma energética, afectarán a 83 ejidos de cinco estados.
Humberto Serrano Novelo, coordinador del CAP declaró que también durante la primera reunión con la titular de Sedatu, ella puntualizó que serán además 151 mil documentos de dominio pleno que la institución deberá entregar antes de que concluya el primer trimestre del año para cumplir con las instrucciones de Enrique Peña Nieto. Sin ese documento, los ejidatarios y comuneros no podrán llevar a cabo el trámite de cambio de propiedad social a privada.
El coordinador del CAP también comentó que se abrirán mesas de negociación para tratar los temas de la vivienda rural, el rezago agrario, así como de la situación de los ejidos y las comunidades afectadas por esta reforma.
“Los dirigentes de las agrupaciones sostuvimos que no permitiremos atropellos ni abusos en el proceso de los contratos o expropiaciones para la exploración y explotación de petróleo y gas. La transición debe ser ordenada y con equidad”, dijo Serrano Novelo.
Apuntó además que en la que sostuvieron con la secretaria del Sedatu, se habló del relevo generacional en la propiedad de la tierra, pues la mayoría de los ejidatarios son personas de la tercera edad. Se propuso elaborar un programa para que los ejidatarios reciban un pago por su tierra de parte de sus hijos a manera de darles un retiro digno.
Al respecto del documento necesario para los trámites de propiedad, el dirigente de la Unión Campesina Democrática (UCD), José Durán Vera, comentó que durante la reunión demandó que ese documento no se convierta en una prioridad para la política agraria, ya que ello implica la privatización escondida de ejidos y comunidades, así mismo, que los 450 millones de pesos que fueron asignados este año para combatir el rezago agrario son insuficientes, por lo que se acordó tener la información precisa de los beneficios de terminar con los conflictos agrarios.
