«yo no puedo hablar de alguna tutela de algún pueblo de esa naturaleza, cuando ese pueblo ya se encuentra inmerso, involucrado dentro de la vida social de una comunidad como el Distrito Federal, no es un pueblo que residía cuando llegaron los españoles… Ya se incorporaron pues a la vida social de una ciudad… Ya sus gentes conviven con todos nosotros, ya tienen estudios universitarios, ya tienen un nivel económico donde se pueden ganar la vida trabajando en las actividades normales de una comunidad como el D.F., no puedo considerar que ese tipo de gente sea una comunidad indígena»; son las palabras que pronunció José Antonio García Guillén, Magistrado del Poder Judicial de la Federación, para desestimar el amparo que promovía el Consejo del Pueblo de Santa Cruz Xochitepec, en el DF.
Este es el comunicado que emite el Consejo del Pueblo de Santa Cruz Xochitepec al respecto:
México, Distrito Federal a 28 de septiembre del 2015.
- Magistrado negó amparo a pueblo originario con argumentos discriminatorios.
- Desde su perspectiva, los indígenas son aquellos que no cuentan con estudios universitarios, están desempleados, o se encuentran aislados.
- Pedimos la intervención de la CONAPRED para que proporcione cursos o talleres en materia de no discriminación.
Desde hace dos años el pueblo de Santa Cruz Xochitepec mantiene una lucha social y jurídica en contra de la construcción de un desarrollo inmobiliario en las faldas del cerro de la comunidad.
Como parte de esta resistencia, el Consejo del Pueblo interpuso un amparo por violación al derecho a la consulta previa. Finalmente, el amparo llegó al Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. El 4 de junio del 2015 en la sesión de discusión del asunto-a la que tuvimos acceso por medio de una grabación el pasado 25 de septiembre- el magistrado José Antonio García Guillén presentó a los otros dos magistrados que integran el Tribunal un proyecto de sentencia en el que se negaba el amparo.
Uno de los argumentos utilizados por el magistrado para negar la protección de la justicia federal, fue que no le podían ser aplicados los derechos establecidos por el artículo 2º constitucional a los integrantes del Consejo del Pueblo de Santa Cruz Xochitepec, ya que ese artículo hace referencia a los derechos de los pueblos indígenas y no a los de los originarios. Ante la pregunta expresa de por qué no podían ser aplicables las mismas disposiciones, el magistrado José Antonio García Guillén manifestó en la sesión lo siguiente:
«yo no puedo hablar de alguna tutela de algún pueblo de esa naturaleza, cuando ese pueblo ya se encuentra inmerso, involucrado dentro de la vida social de una comunidad como el Distrito Federal, no es un pueblo que residía cuando llegaron los españoles… Ya se incorporaron pues a la vida social de una ciudad… Ya sus gentes conviven con todos nosotros, ya tienen estudios universitarios, ya tienen un nivel económico donde se pueden ganar la vida trabajando en las actividades normales de una comunidad como el D.F., no puedo considerar que ese tipo de gente sea una comunidad indígena.”
Los que firmamos este comunicado consideramos que lo dicho por el magistrado es lamentable e indignante. En primer lugar, los pueblos originarios del Distrito Federal sí son comunidades que existían antes de la colonia. En segundo lugar, tal parece que desde su perspectiva los indígenas son aquellas personas que se encuentran aisladas, no cuentan con estudios universitarios, no tienen “nivel económico” y realizan algún tipo de actividad socioeconómica “anormal” dentro de alguna comunidad.
Nos preocupa que esa sea la forma de pensar de un magistrado del Poder Judicial de la Federación. Preocupa porque en los últimos años, desde el 2011 específicamente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha difundido en medios de comunicación los avances que ha logrado en materia de derechos humanos. Incluso creó un Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren personas, comunidades y pueblos indígenas. Es grave que las reformas en materia de derechos humanos aun no hayan llegado a todo el Poder Judicial Federal y aún se cuente con una visión discriminatorio sobre los integrantes de un pueblo o comunidad indígena. Más grave aún es que no se hayan tomado en cuenta los protocolos o incluso, el propio texto constitucional.
Las declaraciones del magistrado José Antonio García Guillen tienden a la reproducción de los estigmas y prejuicios que se tiene en contra los pueblos indígenas.
Por lo anterior, el día de hoy se interpuso una queja ante la Comisión Nacional para Prevenir la Discriminación a fin de que lleve a cabo todas las acciones necesarias tendientes tanto a la reparación del daño como a la no repetición de los actos discriminatorios cometidos en contra del pueblo originario de Santa Cruz Xochitepec. Estas acciones deberán consistir en la impartición de cursos o talleres de capacitación en materia de pueblos indígenas, así como una amonestación y disculpa pública del magistrado y en general todas aquellas medidas que a juicio de esa Comisión sean aplicables al presente caso.
Los pueblos originarios con dignidad seguirán luchando por la defensa del territorio.
Consejo del Pueblo de Santa Cruz Xochitepec.
Coordinación de Pueblos, Barrios Originarios y Colonias de Xochimilco.
