México, la falla en el sistema:12 Periodistas asesinados
Poco eficientes la FEADLE y el Mecanismo de Protección, ataques contra la prensa siguen en aumento.
Por: Rosario Mtz. De la Vega
La semana pasada fue asesinado Luis Enrique Ramírez Ramos, periodista que en cuatro décadas de carrera, de la evolución de la prensa escrita a medios digitales, colaboró en El Debate, La Jornada y El Financiero -entre otros-. En 2015, señaló el vivir con miedo ante el temor que sentía tras la muerte de varios de sus colegas; el presentimiento se hizo realidad, fue levantado la noche del pasado miércoles 4 de mayo, su cuerpo fue localizado la mañana del día siguiente en un camino de terracería en el Poblado “El Ranchito” en Culiacán, Sinaloa.
A penas cinco días después, la tarde del lunes 9 de mayo, fueron asesinadas Yesenia Mollinedo Falconi y Sheila Johana García Olvera, directora y camarógrafa respectivamente del medio digital “El Veraz”, en un doble ataque mientras se encontraban al interior de un vehículo en el estacionamiento de una tienda de conveniencia en el municipio de Cosoleacaque, Veracruz. Yesenia Mollinedo había sido amenazada hace apenas dos semanas.
México figura como el país sin conflicto armado más peligroso para el ejercicio periodístico según la ONG Reporteros sin Fronteras.[1] La lista asciende a doce periodistas ejecutados en el país en lo que va de este 2022:
1.José Luis Gamboa, de Veracruz, el 10 de enero;
2.Alfonso Margarito Martínez, de BCN, el 17 de enero;
3.Lourdes Maldonado, de BCN, el 23 de enero;
4.Roberto Toledo, de Michoacán, el 31 de enero;
5.Ernesto Islas Flores, de BCN, el 6 de febrero;
6.Heber López Vásquez, de Oaxaca, el 10 de febrero;
7.Jorge Camero, de Sonora, el 24 de febrero;
8.Juan Carlos Muñiz, de Zacatecas, el 4 de marzo;
9.Armando Linares, de Michoacán el 15 de marzo;
10. Luis Enrique Ramírez Ramos, de Sinaloa el 4 de mayo;
11 y 12. Yesenia Mollinedo Falconi y Sheila Johana García Olvera de Veracruz el 9 de mayo.
En la mayoría de los casos se trató de periodistas independientes que vivían en pueblos o ciudades pequeñas, cubriendo notas locales. Algunos laboraban para más de un medio o bien, contaban con otros empleos para cubrir sus gastos personales, tal es el caso de Juan Carlos Muñiz que se desempeñaba como taxista o el de Roberto Toledo, quien realizaba labores como auxiliar en un despacho jurídico.
De acuerdo a las últimas cifras del Observatorio Laboral, en México hay 223,983 personas que se dedican a la comunicación y el periodismo, de las cuales el 48.2% son hombres, el 51.8% son mujeres, percibiendo un ingreso de entre $5,000 y $12,724 pesos mensuales. Los bajos salarios contrastan con el riesgo de perder la vida.
Uno de los casos más paradigmáticos en contra de la libertad de prensa en lo que va de este 2022 en México fue el del medio Monitor Michoacán, un portal de periodismo independiente hoy extinto, tras ser blanco de amenazas y ataques por difundir corrupción por parte de funcionarios del ayuntamiento de Zitácuaro y de la Fiscalía de Justicia del Estado de Michoacán. Su reportero Roberto Toledo, fue asesinado el día 31 de enero a las afueras de sus instalaciones, junto al cuerpo fueron localizadas dos cartulinas aludiendo a un supuesto ajuste de cuentas por parte de un grupo del crimen organizado.
Criminalizar y responsabilizar a las víctimas de su propia tragedia es otra de las técnicas utilizadas por las administraciones en todos sus niveles para desviar la atención de los homicidios en contra de periodistas, tal es el caso de Jorge Camero, periodista asesinado en Sonora el 24 de enero, quien al igual que Toledo, fue acusado de formar parte de una banda de la delincuencia organizada.
El mismo día del homicidio de su compañero Roberto Toledo, Armando Linares director de Monitor Michoacán, salió a exigir justicia en un video difundido a través de redes sociales: «Exhibir corrupciones de gobiernos corruptos, de funcionarios y políticos corruptos llevó hoy a la muerte de uno de nuestros compañeros», denunció.
Mes y medio después, el 15 de marzo, el abogado y periodista fue ejecutado delante de su hijo en su domicilio. Tanto Roberto Toledo como Armando Linares, recibieron 8 balas por parte de los gatilleros. El ataque no cesó allí, a menos de 24 horas del asesinato de Linares, hasta su funeral llegaron sujetos a amenazar a la prensa y familiares que se encontraban presentes, obligándolos a abandonar el velorio.
Monitor Michoacán compartía oficinas con un despacho legal del que Armando Linares era socio, fue por este motivo que las autoridades se rehusaron a otorgarles la calidad de periodistas, pese a las publicaciones, reportajes e investigaciones realizadas en su portal, al día de hoy todas eliminadas del dominio web.
Por ley, todos los delitos cometidos en contra de periodistas deben de ser investigados por la Fiscalía Especializada en Delitos contra La Libertad de prensa y de expresión (FEADLE), sin embargo, según la información obtenida a través de una solicitud de información pública, tan sólo uno de los homicidios acaecidos en contra de periodistas en el transcurso de este año, el de Heber López de Oaxaca el 10 de febrero, fue vinculado al ejercicio del periodismo, el resto de los casos no fueron tomados como delitos en contra de la libertad de prensa y de expresión, siendo investigados por las Fiscalías de los Estados.
Desde su creación en 2010 FEADLE ha registrado 96 homicidios de periodistas, sin embargo, tan solo en 30 de estos casos fue tomado como móvil del crimen la actividad periodística.
Según el informe 2021 de Article 19, durante este sexenio han sido asesinados 35 periodistas: 7 en 2021 y 8 en 2022. Así mismo, durante ese mismo periodo, se reportaron 644 ataques contra la prensa, lo que resulta en un periodista agredido por su labor cada 14 horas en promedio.
Es aún más alarmante que la mayor parte de las agresiones reportadas provengan de autoridades. De acuerdo con Artícle 19, de 692 casos documentados en 2020, 343 derivaron de amenazas y agresiones de funcionarios públicos.
Según información obtenida a través de Transparencia, de 2018 a la fecha, se incrementó el número de beneficiarios de 500 a 1032 periodistas y defensores de Derechos Humanos bajo el resguardo de esta figura de protección.
Sin embargo, en doce años -de 2010 a Febrero de 2022-, tan solo se han tramitado 541 solicitudes de medidas de protección por parte de la FEADLE, el Mecanismo de Protección a Periodistas y la Unidad de Protección de los Derechos Humanos de la SEGOB, de las cuales fueron otorgadas 331, mismas que contemplan a 510 beneficiarios; entre estas medidas resaltan la entrega a nivel federal de 33 botones de pánico, 29 servicios de escoltas, 17 medidas sociales, 12 chalecos antibalas, 10 instalaciones de protección a inmuebles, 5 autos blindados y 4 reubicaciones temporales; el resto de medidas se limitan a rondines domiciliarios por parte de policía municipal, contacto directo con autoridades en caso de emergencia y a la entrega de manuales de protección.
Cabe mencionar que, de los doce periodistas que han sido asesinados en lo que va de este año, solamente Margarito Martínez y Lourdes Maldonado fueron dados de alta ante el mecanismo, limitándose las medidas de salvaguarda en el caso de ésta última, a la entrega de un botón de pánico, el cual no tuvo tiempo de activar al momento de su ejecución el 24 de enero en Tijuana.
Resultan insuficientes y poco eficaces las medidas que se toman en relación con los ataques documentados por el CPJ y Article 19. Incluso, la Secretaría de Gobernación (SEGOB) reconoció nueve homicidios de 2017 a 2021 de beneficiarios que contaban con algún tipo de medidas otorgadas por el Mecanismo.
¿Qué tanto tienen que ver los recortes presupuestarios con el incremento de 85% en ataques contra la libertad de prensa en el presente sexenio?
Al inicio de la presente administración, los relatores de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), llamaron la atención sobre la insuficiencia de recursos para la atención del Mecanismo de Protección a periodistas y defensores de derechos humanos, así como de los limitados avances en la erradicación de la impunidad de los crímenes contra periodistas. Pese a las recomendaciones emitidas a la administración anterior, el actual gobierno federal retiró los fideicomisos en este tenor. Así mismo, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas recibió en 2021 un presupuesto 62.8% menor al solicitado, lo cual contrasta con el incremento de 70% que recibió la Guardia Nacional.
Los homicidios de periodistas no solo constituyen un atentado a sus DDHH, sino también a los de los ciudadanos y al de las sociedades a buscar y recibir información, siendo esto parte fundamental del ejercicio de la libre de expresión y las democracias.
Desde @EllosYNosotros, condenamos los ataques en contra de la libertad de prensa y expresión, y exigimos un alto a los homicidios de periodistas en México.
[1] En su Clasificación para la Libertad de Prensa de 2021.