Ayer empezó la destrucción del territorio otomí perteneciente a la comunidad de San Francisco Xochicuautla, exactamente en el poblado de La Concepción, cuando alrededor de las 10:00 horas de ayer, invadieron ilegalmente el lugar varias máquinas de construcción y un contingente numeroso de granaderos, pertenecientes al cuerpo policíaco mexiquense, que les facilitaba la llegada a dichas máquinas.
Iniciando así, el proyecto de crear la carretera Toluca-Naucalpan donde la constructora HIGA, de Juan Armando Hinojosa Cantú, ligada a casos de conflicto de interés con el gobierno de Peña Nieto, tiene la concesión para realizar dicho proyecto, haciendo caso omiso a los amparos obtenidos tiempo atrás donde se establecía la suspensión definitiva de esas obras.
Durante el desalojo ilegal que sufrieron los habitantes de la comunidad, fueron derribadas varias viviendas que, momentos antes, habían sido defendidas por los mismos habitantes pero que no pudieron resistir ante la brutal intervención de la policía, que con lujo de violencia y de un claro abuso de la fuerza pública, a golpes y empujones, quitaron a las personas que impedían la demolición de sus viviendas.
Los granaderos embistieron y golpearon a las personas que resistían en el campamento denominado como Paz y de Digna Resistencia, sin importar si eran personas de la tercera edad, mujeres o niños los que sufrían de sus
ataques. Estos policías de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de México, seguían permitiendo el ingreso de maquinaria pesada para que continuaran con su labor de arrasar con el pueblo otomí y con su bosque.
Una de las casas que fue demolida sin que se le permitiese a su dueño sacar sus pertenencias y documentos personales, fue la del exdelegado de Xochicuautla, Armando García Salazar, quien lamentó dichos eventos y dio su testimonio ante este brutal acto:
“Estamos pidiendo su apoyo y su ayuda en solidaridad para ver una de las injusticias más (sic) de nuestro gobernador Eruviel Ávila, de nuestro presidente Enrique Peña Nieto, hasta me da pena pronunciarlo. Estoy aquí para pedirles el apoyo y la solidaridad para que vean que este gobierno (sic) cómo trabaja; están derribando mi patrimonio, mi casa, mi hogar, sin ninguna notificación previa, como debe ser en su caso (…). Varios vecinos fuimos desalojados hoy, en casa; se tiene por ahí todos los materiales necesarios para dar fe y testimonio de lo que me está pasando a mí (…).
De antemano sabemos que, si estamos en oposición a este proyecto, es porque la ley, entre comillas, nos está asistiendo. Los amparos que tenemos vigentes, son prueba de ello, sin embargo, el personal de hoy, encabezados por un señor que se dijo llamar Luis Enrique García, que procede del área de gobierno del Estado de México, me hizo una notificación con una copia, con lo que es el decreto expropiatorio. Obviamente esa notificación no venía a mi nombre, por lo cual no se la recibí (…).
El pueblo otomí de San Francisco Xochicuautla, llevaba 5 años resistiendo con actos de protesta pacífica, que iban en contra de la construcción de la autopista Toluca-Naucalpan, que atraviesa parte del sitio y afecta zonas del bosque.
Nuevamente, hoy ingresaron granaderos a Xochicuautla, para poder custodiar la destrucción de la capilla en la comunidad y cuidar que las actividades de demolición sigan su marcha.
Inés Cruz, para Quadratín México declaró lo siguiente: “El gobierno de Eruviel Ávila pretende despojarnos de los terrenos, que por décadas le han pertenecido a la población indígena, bajo el pretexto de una vía de comunicación. Nosotros insistimos que estos terrenos legalmente nos pertenecen y no los vamos a dejar ir por diez monedas de oro”.