Después de que cinco jóvenes fueran «levantados» por policías estatales en Tierra Blanca el pasado 11 de Enero, los padres de los secuestrados se ofrecieron al Cártel de Jalisco Nueva Generación a cambio de la entrega inmediata de sus hijos.
“Yo ofrecí lo que ellos quisieran, y si querían yo me entregó con tal de que ellos regresen. Si nos debemos de entregar los cinco padres, lo haremos. Ya lo hemos platicado, sin remordimiento a nada ni a nadie, y lo que ellos (los captores) quieran. Si quieren a los cinco padres, los cinco nos entregamos”, declaró Bernardo Benítez, padre de Bernardo Benítez Arroniz y tío de José Benítez, dos de los jóvenes desaparecidos.
Benitez señaló también que ante el estado de anarquía y falta de resultados que se vive en el estado deben de recurrir a cualquier cosa con tal de que sus hijos sean entregados con vida, incluso ofrecerse ellos mismos si es necesario.
Por su parte, María del Rosario Zamora, directora de investigaciones ministeriales de la Fiscalía General del Estado (FGE), informó el pasado 27 de Enero a los padres de los cinco jóvenes que hubo una inspección ocular en el rancho «El Limón» de Tlalixcoyan- en donde se encontraron prendas que están siendo analizadas- y que se realizó una diligencia más en la comunidad de Vicente en Oaxaca, por parte de la Gendarmería, así como se terminó de «peinar» el municipio de Tierra Blanca sin mayores resultados.
“El jueves ya nadie llamó. El viernes ni el MP (agente del Ministerio Público) llegó. Desgraciadamente no tenemos ninguna información, ya nadie se comunica, ya no sabemos ni qué pensar, hay momentos en que sentimos que empiezan a bajar los brazos o que no nos quieren decir”.
“Aunque pudiéramos salir de aquí, no somos investigadores, no somos ni de la ciudad de Tierra Blanca. ¿Dónde empezamos a buscar? Si solo sabemos que se los llevaron policías estatales. Créame que hay mucha impotencia y tristeza”, dice el padre de Bernardo Benítez Arroniz, de 25 años de edad, quien desapareció junto con su primo José Benítez de la O, de 24; Mario Arturo Orozco Sánchez, de 27; Alfredo González Díaz, de 25, y Susana Tapia Garibo, de 16.
Estos hechos se aúnan a los crecientes asesinatos en Guerrero, las incontables ejecuciones en Tamaulipas y los casos de desaparición forzada por todo el estado de Veracruz, entre muchos otros que ocurren día a día en la República Mexicana.
La desaparición de los cinco jóvenes oriundos de Playa Vicente se convirtió en un escándalo que acaparó la atención de la prensa nacional, pero también reavivó otras desapariciones forzadas ocurridas hace dos años en la región de La Antigua y el Sotavento, donde Marcos Conde –exdelegado de la SSP, hoy en la cárcel por su presunto involucramiento en la desaparición de los cinco jóvenes en Tierra Blanca– fungió como el máximo mando policiaco en 2012 y 2013.
Martha González, quien busca a su hijo Luis Alberto González, y Rosario Sayazo, que lucha para localizar a su esposo, Juan Carlos Montero –ambos policías municipales ‘levantados’ en la comunidad El Arenal, en Ú
rsulo Galván– exigen a la FGE “investigar” al entonces delegado de la SSP en la región, Marcos Conde.
Y es que mientras Conde estuvo a cargo de la delegación de la SSP en esa región del Sotavento, el agente del Ministerio Público Investigador adscrito al programa “Veracruz Seguro”, Pedro Huesca Barrada, fue ‘levantado’ por policías estatales en abril 2013.
Además el reportero de nota roja del ‘Diario de Cardel’, Sergio Landa, se encuentra desaparecido desde enero de ese año, y el 1 de diciembre de 2012 también se dio a conocer la “desaparición forzada” de ocho jóvenes en la comunidad El Modelo, perteneciente a Úrsulo Galván. Los familiares responsabilizaron a policías estatales, cuyo jefe era Conde.
Pese a las aristas tangibles que ilustran que más de un centenar de elementos de la Policía Estatal Acreditable de Veracruz se divide entre servir a Los Zetas y al CJNG, por encima del interés ciudadano, el gobernador Javier Duarte se centra en su discurso triunfalista y de disculpas.
