Azael Jozafat Barajas Durán y su meteórica carrera en ascenso dentro de la Delegación de programas sociales en Guanajuato
Guanajuato. – Esta semana trascendió la falta en la entrega de los programas sociales concernientes a las becas “Benito Juárez” al encontrarse vencidas las tarjetas del bienestar desde mayo pasado.
La administración federal prometió eliminar a los intermediarios en la entrega de programas sociales, no obstante, la atención proporcionada a los beneficiarios de la Ciudad de León, Guanajuato, quienes pasaron tres días a la intemperie en la espera de sus apoyos -los cuales aún no llegan-, generó molestias e inconformidades.
El responsable: Azael Jozafat Barajas Durán, jefe regional del programa coordinado entre la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Delegación de Programas Sociales; quien pese a ejercer funciones de control y dirección en la administración pública federal, reportó ante la Secretaría de la Función Pública el contar solamente con certificado de nivel bachillerato, el cual fue obtenido a través del sistema no escolarizado Ceneval.
Según testimonios por parte del personal en la delegación de Bienestar Guanajuato, Azael Jozafat Barajas Durán es identificado como exchofer del Superdelegado federal Mauricio Hernández Núñez.
De acuerdo a las documentales obtenidas a través del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública (INAI), Barajas Durán ingresó a Bienestar como “servidor de la nación” en 2019; tras unos meses fue nombrado como “asistente administrativo UR112”, lo cual le representó un incremento de casi 20 mil pesos en su salario bruto mensual, al pasar de ganar $9,000.00 mil pesos -lo que percibe un SN- a $28,767.83 pesos.
Llegando a la dirección regional de las becas Benito Juárez en marzo de 2020. Tres incrementos de salario y puesto en la administración pública federal en menos de un año.
El avance en el escalafón de este funcionario destaca dada su preparación académica y experiencia. Actualmente se desconoce el sueldo que percibe; la opacidad en las obligaciones generales de transparencia en la administración federal son una constante, no solo en cuanto a la estructura burocrática, sino también en el destino de los recursos de los programas sociales.