Dos escenarios distintos; el primero, el de los empresarios, que cansados de ser extorsionados, secuestrados, robados, se reúnen para pedir que la Secretaría de la Defensa Nacional les autorice portar armas, crear grupos de vigilancia armados que protejan sus intereses económicos y sus propias vidas; el segundo, los miembros de la sociedad civil organizada, que exigen al mal gobierno les autorice y se legalice la ‘autodefensa’, porque entienden que militarizando el estado, los resultados no llegan y la violencia sigue creciendo.
A los primeros, la SEDENA les responde con un «sí», pero a medias; les dice que soliciten ante la institución los permisos que les autoricen portar armas, pero les aclaran que ‘no están obligados a otorgar los permisos’. A los segundos, nada; a ellos, como no son parte de los que tienen dinero, ni siquiera los voltearon a ver. El caso es que, unos y otros, coinciden en que es hora de regresar la seguridad pública a las manos de los ciudadanos, porque sus instituciones de ‘seguridad’, están podridas.