En Nicaragua se cometen crímenes de lesa humanidad; esto es lo que avala México al levantarle la mano a Ortega
Esta es la realidad del gobierno criminal de Daniel Ortega en Nicaragua. Esta es la realidad de lo que algunos (que pretenden confundir a los menos aptos y que de hecho muchas veces logran confundirlos) llaman : «Dictadura del proletariado» cuando en realidad se tratan de crímenes de lesa humanidad.
En el año 2018 entre el 18 de abril y el 30 de mayo, durante las protestas en Nicaragua Daniel Ortega saco a los militares a las calles que asesinaron y persiguieron a muchas personas que se oponían a su política.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), realizó un informe sobre estos lamentables hechos en Nicaragua y se creó un Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), destinado a investigar los sucesos acontecidos en el año 2018 en las protestas en Nicaragua.
El contenido del informe del GIEI es el resultado de seis meses de trabajo en Nicaragua y de contacto directo con las víctimas, testigos presenciales de los hechos de violencia, con las familias afectadas, organizaciones de derechos humanos, revisión de miles de documentos y de constante consultas con expertos internacionales de diferentes disciplinas. Solo en material audiovisual se revisaron y analizaron más de 10 mil archivos, lo que planteó retos metodológicos y la incorporación de nuevas herramientas de investigación y de especialistas en la materia.
Desde el inicio de sus labores, el trabajo del GIEI se desarrolló sin la cooperación del gobierno de Nicaragua, quien negó en forma sistemática la información requerida y en un contexto de violencia y represión estatal que continuó después de su instalación en Nicaragua, lo que significó una seria limitación para el trabajo encomendado.
El hecho de que la violencia haya continuado después de la instalación del GIEI, representó una seria limitación para el trabajo que le había sido encomendado, así como el miedo reinante entre las víctimas, sus familiares y personas de la sociedad en general a sufrir represalias y criminalización por expresarse y ejercer sus derechos. La represión a las protestas y manifestaciones pacíficas, así como la persecución y el acoso a los líderes estudiantiles, campesinos, indígenas y otros líderes sociales, periodistas y personas defensoras de derechos humanos por parte del Estado se mantuvo durante todo el mandato del GIEI.
A pesar de los obstáculos por la falta de cooperación de las autoridades estatales y por los riesgos de protección a que se vieron confrontadas las fuentes consultadas, el GIEI pudo reunir, analizar y verificar un conjunto amplio de información que le permite llegar a conclusiones razonables para reconstruir los hechos tal y cual ocurrieron, las circunstancias, e identificar posibles responsables.
EL GIEI en un extenso informe concluyó que en los hechos acontecidos en Nicaragua, se cometieron crímenes de lesa humanidad por Daniel Ortega y su gobierno.
El informe asegura que la institución que más represión ha cometido es la Policía de Nicaragua, a la cual señala de utilizar armas de guerra para disolver las protestas, y sugieren una investigación a fondo del aparato estatal.
“El GIEI recomienda se investigue la responsabilidad en los hechos del presidente de la nación, Daniel Ortega, como Jefe Supremo de la Policía Nacional, de quienes revistieron como Directores Generales (Aminta Granera y Francisco Díaz), los subdirectores generales, Ramón Avellán y Adolfo Marenco, encargados de las áreas operativas y de inteligencia e integrantes de la Jefatura Nacional”.
La investigación del GIEI cubre del 18 de abril al 30 de mayo, período en que se registraron 109 muertes, de las cuales 95 ocurrieron con armas de fuego. Las víctimas presentaban impactos en la cabeza, cuello y tórax.
Se determinó que de esas 109 muertes violentas, solo 9 han sido judicializadas. Esos casos, añade el GIEI, corresponden a funcionarios del Estado o simpatizantes del partido de gobierno.
“La gran mayoría de las muertes ocurrieron en acciones de represión llevadas a cabo por la Policía Nacional y los grupos paraestatales”, sostiene el GIEI.
Dictadura del proletariado: Así algunos quieren llamarles a los crímenes que cometen dictadores como este gobernante Daniel Ortega, perdonándoles todo porque son de la izquierda. NO los crímenes de lesa humanidad, torturas, asesinatos, no deben perdonarse ni justificarse, ni en la izquierda ni en la derecha. No es cuestión política es cuestión de derechos que tenemos como seres humanos, es democracia, es el derecho que tenemos de que se nos respete nuestra forma de pensar. Y así debemos juzgar con la misma balanza para todos.
ONGs llevan los casos de Peña Nieto y Calderón ante la Corte Penal Internacional
La Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), Idheas Litigio Estratégico en Derechos Humanos (IDHEAS) y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos A.C., llevan los casos de Peña Nieto y Calderón ante la Corte Penal Internacional en La Haya.
Por medio de un comunicado y en una transmisión en línea, las asociaciones informaron las bases en que sustentan su exigencia de que la CPI investigue la tortura y desaparición forzada en México como crímenes de lesa humanidad.
Compartimos con ustedes el comunicado y la participación de los integrantes de estas organizaciones.
COMUNICADO Tortura y desaparición forzada en México: Corte Penal Internacional debe investigarlos como crímenes de lesa humanidad
En México, la tortura y la desaparición forzada se cometen como parte de un ataque generalizado y sistemático contra la población civil, por lo que constituyen crímenes de lesa humanidad competencia de la Corte Penal Internacional (CPI).
Recientes comunicaciones enviadas a la Fiscalía de la CPI documentan alarmantes cifras de tortura y desaparición forzada en el país, cometidas por agentes del Estado o por miembros del crimen organizado actuando en colusión con las autoridades.
Ante la falta de voluntad y capacidad del Estado para investigar y enjuiciar estos crímenes, la intervención de un tribunal penal internacional como la CPI podría brindar justicia y reparación a las víctimas.
Ciudad de México, a 13 de enero de 2022. El día de hoy, el evento virtual Tortura y desaparición forzada en México como crímenes de lesa humanidad evidenció la naturaleza sistemática y generalizada con la que se cometen crímenes internacionales en México al amparo de la impunidad. Este foro, coorganizado por la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), la Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH) e Idheas Litigio Estratégico en Derechos Humanos (IDHEAS), tuvo como objetivo dialogar con personas expertas sobre la comisión persistente de crímenes de lesa humanidad en México, la posición del Gobierno en torno a la casi absoluta impunidad, así como la urgencia de que estos crímenes sean investigados y enjuiciados por un tribunal internacional como la CPI.
Al inicio del evento, Graciela Rodríguez, Directora Ejecutiva de la CMDPDH, dio a conocer la comunicación que presentaron la CMDPDH y la FIDH a la Fiscalía de la CPl sobre la presunta comisión de tortura y tortura sexual como crímenes de lesa humanidad en México, perpetrados por elementos de las Fuerzas Federales del Estado Mexicano entre diciembre de 2006 y diciembre 2018. Esta comunicación documenta y analiza 197 casos comprendidos en 166 recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y dan cuenta de 642 víctimas de actos de tortura y tortura sexual ocurridos en 26 entidades federativas durante la llamada “Guerra contra las drogas”. Además, proporciona elementos para acreditar la responsabilidad superior y de mando de 58 comandantes militares adscritos a la SEDENA, quienes son señalados como responsables de perpetrar actos de tortura, violencia sexual y otras conductas graves que constituyen crímenes de lesa humanidad y son competencia de la CPI.
Como segunda intervención, el evento contó con la destacada participación de Tania Reneaum, Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, quien expuso una mirada general y técnica sobre la naturaleza internacional de la prohibición de la tortura como violación a derechos humanos y como crímen internacional. Su participación hizo referencia a los elementos de este crímen cuando se comete como parte de un ataque generalizado o sistemático contra la población civil, así como las consecuencias para los Estados y los perpetradores de la tortura. La Secretaria Ejecutiva subrayó que la determinación de un acto como crímen de lesa humanidad puede ser muestra del fracaso de las estrategias de protección de los derechos humanos y, generalmente, pone de relieve los niveles de impunidad que aquejan a una sociedad.
En cuanto al crimen de desaparición forzada de personas, Jimena Reyes, Directora para las Américas de la FIDH, presentó la comunicación que la FIDH e IDHEAS enviaron a la Fiscalía de la CPI sobre la Estructura criminal en la Fiscalía General del Estado de Nayarit y crímenes de lesa humanidad. Este informe documenta el hallazgo, entre junio de 2017 y mayo de 2020, de 30 fosas clandestinas con al menos 140 cuerpos de personas desaparecidas en Nayarit. A raíz de esta información, se constató que existen bases razonables para considerar que se cometieron actos constitutivos de crímenes de lesa humanidad competencia de la CPI y que fueron cometidos mediante una estructura criminal que operaba en el seno de la Fiscalía de Nayarit.
Por último, el Senador Emilio Álvarez Icaza subrayó la necesidad de buscar la intervención de la CPI en la situación de México, a fin de alcanzar la justicia para las víctimas de violaciones graves de derechos humanos y crímenes internacionales como la tortura y la desaparición forzada. En este sentido, ante la ineficiencia de los mecanismos ordinarios de justicia y la casi absoluta impunidad, se ha visto como última opción acudir a la justicia internacional para reparar a las víctimas. Por último, el Senador hizo eco de las preocupaciones que expresó el Comité de la ONU contra las Desapariciones Forzadas en su reciente visita a México e hizo una breve presentación de la iniciativa que, como Senador de la República, se encuentra elaborando en materia de Cooperación con la CPI.
Las organizaciones convocantes consideramos que la intervención de la CPI podría fomentar investigaciones y enjuiciamientos efectivos. Asimismo, reconocemos que es fundamental que el Estado mexicano reconozca la grave crisis de derechos humanos y de crímenes de lesa humanidad que vivimos en el país y que actúe en consecuencia.
https://www.youtube.com/watch?v=XxCF6j9JBW4
Graciela Rodríguez Manzo Directora Ejecutiva en Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos A.C.
https://www.youtube.com/watch?v=v5DPekJ4dME
Tania Reneaum Secretaria Ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
https://www.youtube.com/watch?v=FOvrjHVwn7Q
Jimena Reyes Directora para las Américas de la Federación Internacional de Derechos Humanos
María del Sol Vázquez Reyes fue sentenciada a 25 años de prisión por un delito de secuestro que no cometió. Fue víctima de tortura sexualmente por los policías que la señalaban. Hoy, cinco años después, los jueces la liberan por no encontrar una sola prueba en su contra.
En México, aunque es comprensible, porque no hay justicia, no podemos avalar y aplaudir la tortura. Hace unos meses el Jefe de Sicarios de la SEDENA, el Freddy Krueger Cienfuegos, salía a decirnos que sus sicarios eran «desobedientes» y que se disculpaba por el video donde se apreciaba como algunos de ellos torturaban a una mujer, presuntamente culpable de secuestro.
Las redes sociales se llenaron de comentarios estúpidos de gente que aplaudía lo que estos criminales hacían con la mujer. Nos cansamos de repetir que no podíamos avalar lo que los guachos hacían, porque además de todo, no teníamos ningún indicio de que esta mujer hubiese cometido algún delito.
Pero los menos aptos no escuchaban, se llenaban la boca diciendo que «eso mismo le hacían a las víctimas los secuestradores», pero sobre el hecho de que esta mujer fuera parte de una célula de secuestradores, no teníamos ni un solo indicio, sólo el video. Además que, lo más importante, en nuestras leyes la tortura es un delito.
Así, los menos aptos, en lugar de estar pugnando por un modelo de justicia que lleve a la cárcel a los culpables, en realidad están avalando que el mal gobierno siga usando la tortura como práctica cotidiana para sacar testimonios a los detenidos. María del Sol sabe que esto es así, a ella le tocó vivirlo.
Bajo tortura tuvo que confesar que era parte de un grupo de secuestradores, aunque después el Protocolo de Estambúl confirmó que su declaración había sido bajo tortura, incluso sexual, y que por lo tanto no era válida ante los jueces.
¡Sigan, estúpidos, aplaudiendo la tortura! Sigan, van muy bien.
A finales de junio pasado, la ONU dio a conocer una investigación sobre los detenidos del caso Ayotzinapa; en él se habla sobre la forma en que fueron tratados para confesar su participación en los hechos.
Si hay alguien que durante el sexenio del delincuente Javier Duarte en Veracruz tendría que pasarse toda la vida en la cárcel, es Bermúdez Zurita, que fuera Secretario de Seguridad Pública y controlara a células de sicarios que asesinaban y desaparecían personas a placer.
En febrero de este año, cuando fue detenido, porque ya era verdaderamente insostenible la defensa férrea que Duarte hacía de él, muchos pensamos que se trataba de una farsa y que Bermúdez Zurita lograría reírse de la justicia, porque sabemos que en México es una caricatura. No nos equivocamos.
Acusado de desviar recursos del estado, fue puesto a disposición de un juez, que solamente lo está juzgando por ese delito. Sabemos que sí, que el llamado «Capitán Tormenta» indudablemente desvió recursos y se enriqueció al amparo de Duarte y en complicidad con él. Pero es de risa la cantidad por la que se le señala (438 millones de pesos) y no es este delito el más grave que cometió.
Durante sus periodo como Secretario de Seguridad Pública, Veracruz se hundió aun más en el horror de la violencia, las balaceras, las ejecuciones, las desapariciones y todos los delitos de alto impacto que hasta el día de hoy tienen sometida a la sociedad. Muchos de esos delitos, fueron provocados y ordenados por Bermúdez Zurita.
A finales del mes pasado, cinco organizaciones de víctimas en el estado, acordaron llevar la acusación contra Bermúdez a La Haya, por delitos de lesa humanidad, entre los que se encuentran la desaparición forzada y las ejecuciones extrajudiciales.
Junto con el criminal Javier Duarte, el exsecretario sembró el terror en el estado y existen claras evidencias de las órdenes que salían desde sus oficinas para desaparecer o asesinar personas que le eran incómodas. Pero mientras todo esto sucede, en el juicio que se le sigue en Veracruz, el «Capitán Tormenta» le sigue ganando tiempo al tiempo y la burla llega a tal grado, que la misma Fiscalía pide solamente 10 años de cárcel para él.
Sabemos que en México jamás se hará justicia contra estos criminales y nos sumamos a la petición de que sean juzgados en La Haya por crímenes de lesa humanidad.
El diputado Samuel García presentó en el Congreso de Nuevo León, el documento que muestra que la Corte Penal Internacional de La Haya aceptó la demanda interpuesta contra el delincuente Javier Duarte de Ochoa.
El exjefe de plaza del estado de Veracruz, uno de los criminales más peligrosos de México, Javier Duarte, podría ser juzgado en la Corte Penal Internacional de La Haya, acusado de crímenes de lesa humanidad. Así lo dio a conocer García en el Congreso de Nuevo León, advirtiendo que aquellos que no creyeron, tendrán que aceptar que se equivocaron.
Javier Duarte sería juzgado por la infamia de dar a pacientes, entre ellos niños, un tratamiento contra el cáncer que no era más que agua y de la misma forma, proporcionar a pacientes con VIH medicamentos que no eran más que un placebo.
Estos actos aberrantes, del monstruo de Veracruz, constituyen delitos de lesa humanidad que en México no están siendo juzgados y que por la negligencia del mal gobierno y su indiferencia, pueden ser juzgados fuera del país para que sea un juez internacional quien juzgue el caso y en su caso sentencie al criminal Duarte.
Samuel García, también criticó el hecho de que la PGR, una institución que es de caricatura, solamente haya imputado al criminal Javier Duarte el delito de desvío de recursos públicos por unos cuantos cientos de millones de pesos, cuando se sabe que el expolio al erario público es de decenas de miles de millones de pesos.
El diputado de Nuevo León, pide a la ciudadanía reforzar la acusación que presentó ante la Corte Penal Internacional, firmando la petición que fue la base de la demanda y que llegó a más de ciento cincuenta mil firmas.
NOSOTROS desde nuestros espacios, trataremos de difundir lo más que se pueda el caso, para impedir que Duart burle la justicia en México y sea también juzgado en La Haya.
