Diputados ignoran a personas con discapacidad
Por: Rosario Mtz. De la Vega.
Diputados ignoran a personas con discapacidad
León, Guanajuato. – Alejandra[1] tiene una discapacidad motriz a causa de un accidente automovilístico ocurrido en carretera hace 18 años en el que casi pierde la vida; hoy a sus 36, ha pasado la mitad de sus días en una silla de ruedas. Pese a la adversidad, es una mujer independiente, es además responsable de una hermana con discapacidad intelectual.
Diariamente se desplaza más de 30 km en un viaje redondo de su hogar al trabajo. La silla que hasta hace poco utilizaba está rota y oxidada; pese a las reparaciones que Alejandra ha intentado brindarle, ha sobrepasado -por mucho- su vida útil, requiere de una nueva; por el ritmo en su rutina diaria, necesita de una de uso rudo, la cual tiene un costo de entre los $25 mil y $30 mil pesos.
Los equipos son un lujo en un país en el que las personas con discapacidad en situación de pobreza supera 6% al resto de la población y los cuales pueden marcar la diferencia entre poder desplazarse o no; cuyos costos varían de acuerdo al tipo de material del que estén elaborados; es preciso cambiarles según la edad, crecimiento y nivel de desgaste, pero pueden durar en promedio de tres a 5 años.
Según el Censo de Población y Vivienda 2020 del INEGI, existen 6,179,890 personas con discapacidad en el país; mientras que el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), estima que, de esas personas 4.1 millones viven en situación de pobreza.
El apoyo que actualmente otorga el gobierno federal corresponde a $2,800 pesos bimestrales y tiene una meta de alcance de un millón de personas este sexenio. Durante su primer año de operación (2019), fueron beneficiadas 837 mil personas.
Alejandra es parte de los más de cinco millones de mexicanos con discapacidad que no fueron contemplados por el programa federal, ya que este se delimita a niños, adolescentes y jóvenes de 0 a 29 años, con alguna discapacidad permanente; así como a población indígena de 0 a 64 años.
Esto implicaría dos cosas, que más de 5 millones de personas con discapacidad no tienen la opción de obtener la ayuda y que el grado de cobertura -teniendo en cuenta ese millón como meta-, sigue siendo bajo.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) y el CONEVAL han detectado fallas en el diseño e implementación del Programa de Discapacidad.
En su Informe del 2019, la ASF señaló que, durante el primer año de su operación, el programa a cargo de la Secretaría de Bienestar, si bien otorgó apoyos a 837 mil 427 personas, presentó deficiencias en su diseño e implementación; que incidieron en que no se acreditara el cumplimiento de los objetivos de contribuir al bienestar social, la igualdad, la disminución de la pobreza y el acceso a una mejor calidad de vida de las personas con discapacidad. Mientras que el CONEVAL, a través de su evaluación de diseño con trabajo de campo, informó que el programa referido, no especifica cuál es el problema que busca atender, ni define con claridad cuál es su población objetivo y no tiene indicadores para conocer el impacto que ha tenido.
Alejandra, tampoco cuenta con seguro de gastos médicos o algún tipo de facilidad para obtener un crédito. Por tal motivo, ha solicitado apoyo a los legisladores de Guanajuato -de donde es originaria- a través de sus cuentas oficiales de redes sociales, sin embargo, pocos han contestado, limitándose a proporcionar los datos de sus oficinas de gestión.
Cada diputado del Congreso del Estado de Guanajuato, recibe mensualmente un sueldo de más de $124 mil pesos, además de tener asignado un importe mensual autorizado de $58,486.17 para la partida de ayudas sociales y culturales; sobra decir que los legisladores de MORENA prometieron destinar -de acuerdo a los principios de austeridad republicana- el excedente de $18,000 de su salario a causas sociales, situación que no se ha concretado según la documentación obtenida a través de una solicitud de información. ¿En qué se están destinando esos recursos?
Tal vez, el caso más decepcionante fue el del diputado federal Pedro Ortega, primer candidato con discapacidad de Guanajuato y parte de los 8 legisladores en esta condición en la reciente legislatura en el Congreso de la Unión, quién refirió a Alejandra, que no se le podía otorgar el apoyo, en razón de ser un monto muy grande.
La discapacidad del Diputado Pedro Ortega -al igual que la de Alejandra-, fue adquirida tras un accidente, al recibir una descarga eléctrica cuando tenía 15 años. En campaña, Ortega mencionó que, su discapacidad, lejos de ser un impedimento, ha sido una herramienta que le permite ayudar a la gente de su Estado.
Alejandra pidió apoyo a Ortega para obtener una nueva silla de ruedas acorde a sus necesidades. Tras un mes de espera, el diputado le respondió que lamentablemente, solo tenía disponibles $3 mil pesos de ayuda por ciudadano, de los de $28,772.00 que tienen asignados para causas sociales. Cuándo ésta le cuestionó ¿cómo había obtenido él sus prótesis? El legislador le respondió que éstas le fueron donadas a través de una organización americana especializada en la atención a víctimas de quemaduras, después de su accidente.
Como se mencionó anteriormente, las prótesis deben ser remplazadas cada determinado tiempo; al ser poco probable que este conserve -por el crecimiento y el desgaste- las que recibió en donación hace 15 años, el legislador estaría mintiéndole a una ciudadana.
Ortega, perteneciente a una familia de microempresarios textiles en Guanajuato y ex funcionario de la Secretaría de Bienestar, reportó en su declaración patrimonial al entrar a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, ingresos por alrededor de $70 mil pesos mensuales. Según los datos sobre ocupación y empleo de la última encuesta presentada por el INEGI, apenas el 2.2% de los 52 millones de personas que trabajan en México, perciben más de cinco salarios mínimos al día; esto significaría que, el legislador pertenece hace tiempo, al selecto grupo de personas que gana más que el 98% de la población económicamente activa del país.
Para vivir una vida digna e independiente, las personas con discapacidad no deberían ser sujetos de asistencia social, sino de derechos, tal es el caso de tener acceso a tecnología, aparatos de prótesis, sillas de ruedas, etc.; a infraestructura accesible en calles, banquetas y edificios para así, poder desarrollarse en un ambiente pleno, seguro y de la forma más natural y autónoma posible.
Alejandra no busca actos de caridad, tan solo un poco de empatía, que nuestros representantes “ se pongan en sus zapatos”.
Si bien los apoyos sociales tienen valor, se deben sumar a otras acciones que permitan a una persona con discapacidad tener los elementos básicos para que se integre a la sociedad con una inclusión plena y, son los legisladores, el canal idóneo para obtenerlo, lamentablemente el discurso político y las promesas de campaña chocan con la realidad.
[1] Su nombre real ha sido cambiado.
