Luego de que el defensor de derechos humanos y ambientalista, Gustavo Castro Soto, sobreviviera a un ataque perpetuado por sicarios en Honduras el pasado 3 de marzo, donde lamentablemente perdió la vida Berta Cáceres, una incansable luchadora por el medio ambiente, ahora su vida corre peligro en ese país por las represalias que pudiera sufrir y por el nulo interés de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de traerlo de vuelta a México.
Gustavo Castro llegó a la casa de Cáceres, luego de que él impartiera, por tierras hondureñas, unas pláticas acerca de procesos extractivistas. Momentos más tarde ocurrió el atentado. Esto lo convierte en testigo ocular y presencial del crimen en contra de Berta Cáceres y debido a esta situación, él está en extrema vulnerabilidad.
Él se mantiene en el país por una restricción de 30 días para poder salir del país, debido al proceso jurídico que se inició para esclarecer los hechos. Esto, comenta su hermano Óscar Castro en entrevista al portal Contralínea, es totalmente injusto y comenta que las heridas físicas de Gustavo Castro ya van mejorando, aunque no ocurre de la misma manera con su estado emocional ya que su hermano se encuentra alejado de su familia y en un estado de extrema angustia.
Miguel Ángel de los Santos, miembro de la Red Iberoamericana de Jueces, en entrevista también a Contralínea, habla de la urgencia para que las autoridades de la SRE intervengan de forma inmediata y directa para lograr la salida de Gustavo Castro de Honduras y ponerlo a salvo en territorio mexicano.
También comenta de la incertidumbre jurídica en la que se encuentra Gustavo Castro, esto debido a que las autoridades hondureñas no han resuelto con celeridad tres recursos jurídicos que se presentaron desde la semana pasada. Dichos recursos giran en torno de en la revocación de la medida cautelar para que el ambientalista mexicano pueda abandonar el país, apelando a sus derechos humanos constitucionales y universales que le corresponden a Gustavo.
Hizo especial énfasis para que el gobierno federal mexicano busque un encuentro con el gobierno hondureño y hagan cumplir la aplicación al Tratado sobre Asistencia Jurídica Mutua en Materia Penal entre los México y la República de Honduras, firmado en la ciudad de Tegucigalpa, el 24 de marzo de 2004.
Honduras, según fuentes oficiales y cifras que maneja la CIDH, es uno de los países con mayor índice de homicidio a nivel mundial. En 2013, este país presentaba una tasa de asesinatos de 79 por cada 100 mil habitantes; en 2014 cayó a una tasa de 68 según la Universidad Nacional Autónoma de Honduras.
Miguel Ángel de los Santos declara que las circunstancias en las que se encuentra Gustavo Castro, “configuran violaciones a los derechos humanos previstas en tratados internaciones de los cuales Honduras es parte y cuenta por ello con la obligación de observarlos a toda persona sujeta a su jurisdicción. La incierta situación de Castro Soto se ha visto agravada por una decisión arbitraria y por demás contraria al derecho al debido proceso, tomada por la Jueza Victorina Flores, al suspender el ejercicio profesional de la abogada de Castro Soto, privándolo con ello de su elemental derecho a una defensa efectiva”.