El autor actualiza el análisis sobre el régimen de gobierno mexicano que se presenta a nivel internacional con una imagen propagandística de “izquierda” pero que se acerca más a un populismo capitalista de tendencia autoritaria mal disimulada
En 2005, en su documento “La (imposible) ¿geometría? del poder en México”, el EZLN caracterizó al proyecto de López Obrador como de centro, es decir, de derecha moderada. En 2018, al presentar verbalmente la primera versión de su análisis titulado “300”, el entonces subcomandante Galeano (hoy capitán Marcos) dijo que se habían equivocado al pensar que el PRI haría fraude a López Obrador, pero en lo que no se habían equivocado es en que ganó la opción más a la derecha.
El zapatismo actual se ha ubicado siempre a la izquierda del espectro político mexicano: por libertad, democracia y justicia. Exigió democracia a los regímenes priistas (de hecho declaró la guerra y se alzó en armas contra el gobierno del priista Salinas de Gortari). Exigió justicia a los regímenes panistas, bajo cuyo gobierno fueron traicionados los Acuerdos de San Andrés. Y con el obradorismo, ha guardado una sana distancia desde los tiempos del Partido de la Revolución Democrática hasta el actual gobierno del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), porque estos han asumido la postura liberal que favorece la agresión a los territorios indígenas, como los liberales mexicanos del siglo XIX, hoy con megaproyectos de infraestructura militarizados que representan un colonialismo interno en territorios indígenas mexicanos.
Hoy es necesario actualizar el análisis sobre este régimen que presenta a nivel internacional una imagen propagandística de “izquierda” o al menos progresista, en tanto que a la oligarquía mexicana y a los capitales internacionales, principalmente estadounidenses, les ofrece facilidades de inversión y ganancias que tienen a la macroeconomía mexicana entre las mejor portadas, según los evaluadores de la eficiencia capitalista.
Con el voto del 35% del padrón electoral, el partido oficial: Morena se acaba de imponer a un 65% de los ciudadanos empadronados (40% que no votó y 25 % que votó por las dos candidaturas de oposición). Un 65% de ciudadanos empadronados, más el resto de los mexicanos, serán gobernados por un régimen que pretende llenar el “significante vacío pueblo” con una narrativa en la que ellos, una minoría ganadora, son una abrumadora mayoría que ha aplastado a “los conservadores” y tiene un mandato para hacer, sin contrapesos ni cortapisas, la santa voluntad del líder.
La ideología de este partido es definida por el líder carismático que lo fundó, a partir de los seguidores de un movimiento electoral que compitió antes tres veces por la presidencia. López Obrador formó esa ideología sobre una base moral cristiana reformada (es decir, con referentes calvinistas y luteranos, altamente compatibles con el capitalismo) que preconiza la “austeridad” entendida, como pobreza, y el lujo, como pecado (traducido a términos políticos como “austeridad republicana”, y su versión política del pecado es la “corrupción”). Esta moral cristiana tiene también su versión política de la doble moral típica de los cristianos conservadores: el pecado imperdonable es sólo el ajeno, pero es indulgente consigo mismo y los suyos.
El otro elemento de la ideología “humanista” es una constante invocación al liberalismo decimonónico mexicano, con una apelación fetichizada a Benito Juárez, quien hizo la reforma “luterana” en México, es decir, “libero las tierras de manos muertas” para ponerla en el mercado libre de tierras, tanto a las de la iglesia católica como a las de pueblos y comunidades indígenas, despojados de sus tierras comunales, respetadas legalmente por la Corona durante el virreinato. También respecto a este liberalismo, López Obrador usa un doble rasero: lo propone como modelo de austeridad y honestidad, pero traiciona sus principios liberales y republicanos, como el respeto a la división tripartita del poder y a las libertades cívico- políticas, que para el gobierno obradorista están por debajo de su destino histórico de “sacar a los mercaderes del templo”, es decir, fustigarlos verbalmente como “oligarquía”, al mismo tiempo que les permite amplias facilidades para su enriquecimiento. La fortuna de Carlos Slim creció 50 por ciento. Asimismo, olvida el civilismo de Juárez para dar paso a una práctica militarista. Respecto al gobierno de las leyes (estado de derecho) liberal, el presidente mexicano opina lo contrario; “la autoridad política está por encima de la ley”.
El tercer elemento ideológico del obradorismo es el nacionalismo revolucionario priista (como de la época de Luis Echeverría), que sirve para la escenificación de una defensa de la soberanía, con gestos más bien demagógicos como solicitarle a la Corona española que pida disculpas por la conquista de Tenochtitlán en el siglo XVI o defender al general Cienfuegos, ex titular de la Defensa Nacional, detenido en Estados Unidos, acusado de nexos con el crimen, y luego trasladado a México y exonerado de toda investigación. En cambio, México juega de hecho el papel de tercer país y su Guardia Nacional el papel de auxiliar de la policía migratoria de Estados Unidos en el territorio mexicano, conteniendo a los migrantes de América Latina y el Caribe que masivamente buscan llegar a territorio estadunidense. Hubo incluso migrantes muertos en un incendio, por la negligencia criminal de las autoridades, al dejarlos encerrados en una prisión que ellos llaman “albergue”. La impunidad y el olvido fueron las consecuencias
¿Dónde está la política supuestamente “de izquierdas” del gobierno de López Obrador que tendrá continuidad con su sucesora, Claudia Sheinbaum?
Respecto a la monarquía, referente desde el que se ubicó la izquierda en la revolución francesa, la política autoritaria o iliberal, que algunos analistas clasifican como régimen híbrido, la llamada cuarta transformación no está a la izquierda, sino a la derecha, en defensa del principio de autoridad, la concentración del poder en el Ejecutivo, la inutilización de los otros poderes y contrapesos: un legislativo subordinado como en tiempos del priismo y un poder judicial que ahora será reformado constitucionalmente y capturado políticamente. Eso, y la desaparición de instituciones autónomas como el Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI) son las hazañas que se proponen con el llamado “Plan C”, un paquete de reformas antiliberales y antidemocráticas.
Respecto del capitalismo: el gobierno de López Obrador se ha subordinado en los hechos a las reglas del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, en función de las cuales ha construido, violando leyes y salvaguardas ambientales y de consulta de buena fe a las comunidades indígenas, los megaproyectos como el llamado Tren Maya y el Corredor Interoceánico en el Istmo de Tehuantepec, que los gobiernos del Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido Revolucionario Institucional (PRI) fueron incapaces de imponer ante la resistencia de los defensores del territorio. La popularidad del actual presidente destruyó esas resistencias, y avanzó el capitalismo desarrollista, con ecocidio y destrucción del tejido comunitario. Eso lo reconoció Noam Chomsky en una videoconferencia organizada por la intelectualidad orgánica del gobierno, al menos algunos intelectuales no son complacientes con el anfitrión.
Además, los de este sexenio son megaproyectos operados por las fuerzas armadas. Más que una transformación de izquierda, parecen características de una “revolución pasiva” que retomó algunas demandas de la clase trabajadora (salariales y dineros entregados individualmente como “programas sociales”), pero impulsó desde el poder los intereses de los grandes capitales: megaproyectos, militarización, orden y disciplina macroeconómicos y, sobre todo, disciplina de la mano de obra, políticamente desmovilizada.
Respecto al feminismo, que será ahora el argumento propagandístico, ante el hecho de que por primera vez la presidencia estará a cargo de una mujer, baste recordar que no ha habido, por parte de este gobierno, intenciones ni interés de atender a las mujeres que buscan a sus hijos, las “madres buscadoras”, como las llamamos en México, ni a las madres y hermanas de las víctimas de feminicidio, ni en general a las víctimas, sus familiares ni a defensoras o defensores de los derechos humanos. Por el contrario, ante las denuncias de violaciones de derechos que los incomodan por cuestionar su narrativa posverdad de que “en México ya no se violan los derechos humanos”, han acusado a madres buscadoras y defensoras de servir a los “conservadores” o a gobiernos extranjeros. Les molestan mucho los organismos internacionales de derechos humanos y los rechazan como intromisión a la soberanía nacional. A los integrantes del Parlamento Europeo los llamó “borregos” que siguen a los conservadores mexicanos.
Un caso no difícil de leer en prensa es el de Cecy Flores, madre buscadora a la que López Obrador se negó a recibir en Palacio Nacional. Ella encontró en la ciudad de México un lugar donde aparentemente cremaban restos humanos; el gobierno dijo horas después que habían analizado los restos y eran de animales. Apenas hace días algunos medios informaron que siempre sí, la Fiscalía reconoció que eran restos humanos, pero la nota se perdió entre las notas de las expectativas electorales.
Además, según reportes de la periodista Laura Castellanos, luego confirmados por los documentos de la Secretaría Defensa Nacional obtenidos por los hackers de “Guacamaya”, las colectivas feministas han sido espiadas y seguidas con tácticas de contrainsurgencia diseñadas para la izquierda guerrillera del siglo pasado. Asimismo, las feministas recuerdan que en las calles de la ciudad de México han sido “encapsuladas” por la policía de la Ciudad de México (en ocasiones mujeres policías), policía que, bajo la jefatura de gobierno de Sheinbaum, ha recibido capacitación antimotines de expertos israelíes. No sorprenden entonces los gases de extintores contra las mujeres en esas manifestaciones y las campañas en redes digitales que pretenden dibujarlas como las violentas, y a las mujeres policías como sus víctimas.
Llamar “izquierda” a este gobierno de MORENA y al que le sucederá en unas semanas es ser engañados por la desinformación, la propaganda y la posverdad. Así como por la narrativa populista que ahora pretende desmontar la democracia liberal por “neoliberal” y “corrupta” para reeditar un país en que las elecciones las gane siempre, sistemáticamente, el partido en el gobierno, como en los mejores tiempos del PRI.
A menos que los regímenes iliberales y posdemocráticos puedan ser considerados de izquierdas, este capitalismo de acumulación militarizada y masas movilizadas por narrativas exitosas, aunque falsas, se pude ubicar mejor en la derecha que en alguna clase de izquierda.
Finalmente, las conferencias de prensa mañaneras, defendidas por sus comunicadores orgánicos como un ejercicio de rendición de cuentas en el que el presidente debate, han sido un ejercicio orwelliano de odiar al enemigo, de cancelar del espacio social a los críticos: no se han tratado ahí con verdad temas como los miles de personas desaparecidas, las personas ejecutadas, los feminicidios. Tampoco se habla sobre las agresiones a la prensa que nos hacen el país más peligroso del hemisferio para la libertad de prensa, la violencia contra defensores y defensoras del territorio y de los derechos humanos, las y los migrantes, en primer lugar, mexicanos ya que México es país líder en expulsión de su población hacia Estados Unidos y familias enteras que huyen de la violencia, así como migrantes de otros países latinoamericanos.
En las mañaneras tampoco han ocupado espacio las cifras reales de la pandemia -800 mil muertos por el Covid o por otros padecimientos no atendidos durante el contagio generalizado-, los ecocidios por los megaproyectos, la violencia paramilitar y criminal contra comunidades indígenas, principalmente las comunidades zapatistas y sus compañeras del Congreso Nacional Indígena. Esos temas no están en la discusión y cuando llegaron a estarlo fue para calumniar y difamar a organizaciones no gubernamentales y otras, acusándolas de “recibir dinero extranjero” para atacar al gobierno mexicano. Las organizaciones de derechos humanos han pedido a AMLO dejar de criminalizarlas.
El caso más grave, la campaña contra los padres de niños con cáncer que reclamaban medicamentos (en un sexenio de, prácticamente, desmantelamiento de la salud pública y desabasto de medicamentos que obligó a muchas personas a atenderse en consultorios precarios al lado de las farmacias privadas). Esos padres de niños con cáncer que protestaban, como las feministas y otros grupos de los pocos que lograron movilizarse, fueron acusados de estar manipulados por la derecha, los conservadores o gobiernos extranjeros. A los zapatistas, los ha acusado de llamar a no votar por él, cosa que jamás han hecho; a las feministas las ha criminalizado constantemente. La periodista mexicana Laura Castellanos documentó cómo el gobierno obradorista usó contra las colectivas feministas tácticas de contrainsurgencia como las que usó el priismo contra las guerrillas izquierdistas del siglo XX.
Mal haríamos en hacer pasar por “izquierda” a estos regímenes capitalistas, de tendencias autoritarias mal disimuladas, porque el desprestigio que para algunos implicó el socialismo real se vería confirmado con estos populismos capitalistas, y dejaríamos para el futuro la idea de que la izquierda no puede sino ser antidemocrática y dictatorial.
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