A casi dos años de los hechos ocurridos en San Bernardino Chalchihuapan, Puebla, donde el gobierno estatal ordenó llevar a cabo un operativo policíaco para desalojar a habitantes de esa comunidad que estaban protestando en la carretera Puebla-Atlixco por el cierre de las oficinas del Registro Civil, el gobernador Rafael Moreno Valle mandó a funcionarios de segundo nivel a ofrecer una disculpa a los familiares de los afectados.
En aquellos sucesos ocurridos el 9 de julio de 2014, resultaron heridos de gravedad 8 personas, 4 personas detenidas y la lamentable pérdida del niño José Luis Tehuatlie Tamayo, quien fue alcanzado por una bala de goma que se impactó en su cráneo, provocando su muerte horas después. La policía pudo lanzar estas balas de goma y disparar a quemarropa cartuchos de gas lacrimógeno debido a que meses antes se había aprobado la llamada “ley bala”.
El encargado de leer el texto que envió el gobernador Moreno Valle, donde se reconoce la culpabilidad y la responsabilidad del Estado en estos actos violatorios a los derechos humanos, fue el fiscal de asuntos jurídicos y derechos humanos de la Fiscalía General del Estado, Enrique José Flota Ocampo, quien mencionó que se hacía pública la disculpa para acatar la recomendación de la CNDH expedida desde el 11 de septiembre de 2014.
Al momento de leer el mensaje, José Flota Ocampo estaba acompañado de 7 de los 9 habitantes agraviados, entre ellos Elia Tamayo, madre del niño asesinado, quien dijo que la disculpa le parecía insuficiente y no era lo que esperaba, ya que no incluía el castigo a los policías criminales ni tampoco la liberación del presidente auxiliar de Chalchihuapan, al que mantienen preso desde noviembre del 2014.
Aquí una parte del mensaje enviado por Moreno Valle:
“En nombre y representación del gobierno del estado de Puebla, de manera respetuosa y franca ofrezco una sentida disculpa institucional a cada una de las víctimas y sus familiares, que haya sufrido algún tipo de daño o violación a sus derechos humanos.
Esta disculpa implica el reconocimiento de la responsabilidad del Estado, cuando la actuación de sus funcionarios y agentes resulta violatoria a los derechos humanos”.
Aunque pudo observarse que en el mensaje se insistía en dejar atrás lo ocurrido, y que se “sentaran las bases para conciliar y avanzar para solucionar los conflictos que nos aquejan y nos separan”.
Los afectados por estos sucesos no descartan que esta disculpa pública tenga como objetivo principal un fin electoral, ya que ellos insisten que ni la disculpa ni las acciones emprendidas por el gobierno del estado, sirven para resarcir los daños.
Hilario Gallegos, vocero del Centro de Derechos Humanos “José Luis Tehuatlie Tamayo” dijo que se analizará con las víctimas el mensaje que recibieron para determinar si se aceptan o no las disculpas.
Afirmó que el gobierno estatal ha ofrecido a la señora Tamayo una indemnización de $1’ 200,000 pero que ella no la aceptado ya que su principal interés es buscar justicia para su hijo.
Otra de las víctimas, Martín Xelhua Romero, quien fue herido en la quijada por otra bala de goma, indicó que sí aceptó la indemnización que le ofrecieron de $300,000 pero que no alcanzó a cubrir su tratamiento que costó en total $500,000, y que hasta la fecha recibe. Además, declaró que debido a la presión y la persecución que vivieron, él se volvió diabético.
