Chiapas al borde de una guerra civil, así tituló el EZLN lo que se estaba viviendo en el estado el 19 de septiembre de 2021. No estaban mintiendo, porque lo que hoy se vive en el estado fronterizo es eso, el inicio de una guerra que involucra a diferentes actores de la sociedad civil, fuerzas armadas y de seguridad del estado, supuestos grupos de autodefensas, así como dos cárteles de la delincuencia organizada con cuando menos tres escisiones de ellos.
El Ejército Zapatista de Liberación Nacional explicaba en aquél comunicado que la Organización Regional de Cafeticultores de Ocosingo (ORCAO), fundada en 1988 y con quien han tenido un conflicto permanente desde que abandonaron la lucha legítima que reivindicaba mejores precios para el café y solución al rezago agrario, continuaba con agresiones a las comunidades zapatistas y que habían secuestrado a dos compañeros de la Junta de Buen Gobierno de Patria Nueva. Señalaban que esta organización con tintes claramente paramilitares estaba al servicio del Gobierno del estado, a cargo de Rutilio Escandón del partido oficialista Morena, quien estaba “haciendo todo lo posible por desestabilizar al suroriental estado de Chiapas”.
Los zapatistas hablaban ya de un nuevo actor en la zona, el crimen organizado. Aseguraban que las alianzas que habían establecido desde el gobierno con los cárteles provocaban ataques a comunidades como Aldama y Santa Martha. Advertían que esto hacía de Chiapas “un polvorín a punto de estallar” y que detrás de todo estaba el engaño de un partido político, Morena, que no es otra cosa que el viejo priismo del Partido Verde, a veces disfrazado de PAN y a veces de PRD. Responsabilizaban directamente al gobernador Escandón y a la encargada de la Secretaría General de Gobierno, Cecilia Flores Pérez, a quienes aseguraban que después de ese comunicado no habría una advertencia más, no habría más palabras, tomarían acciones para defenderse de los grupos que atacaban a sus comunidades.
¿Qué es lo que veían los zapatistas? ¿Qué los obligó a publicar un comunicado tan duro? Principalmente 4 cosas: la presencia permanente de paramilitares, como la ORCAO; la militarización creciente durante el sexenio actual, con cerca de 25 mil elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Marina, Guardia Nacional y policías estatales y municipales, distribuidos en los 124 municipios; la aparición de un cártel nuevo en la zona, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) que le disputaba el estado al cártel que siempre había tenido presencia en Chiapas, el Cártel de Sinaloa; y la creciente ola de migrantes que cruzaban por la Frontera Sur buscando llegar a Estados Unidos y que les representaban “ganancias fáciles” a los grupos criminales. Un caldo de cultivo perfecto para que en el estado estallara la violencia.
Sobre la presencia paramilitar acosando a los zapatistas se ha hablado desde los años noventa y también de la inacción de las autoridades, su complacencia y su financiación. Sin embargo, pese a tratarse de un peligro permanente, el EZLN había logrado lidiar con ellos y contener sus embates. A lo largo de estas tres décadas han comunicado sobre sus ataques y han exigido al gobierno que cesen las agresiones, que incluso han llegado al asesinato de varios compañeros.
La militarización en Chiapas tiene también décadas, pero nunca se había observado tanto como ahora. Para finales de 2023 había en Chiapas 24 cuarteles de la Guardia Nacional, agrupados en 4 Zonas Militares. Según la información oficial, de los 25 mil elementos de seguridad que tienen presencia permanente en el estado, 12 mil son efectivos militares. Son muchos más que los que hay en otros estados con mayor extensión territorial como Durango (4 mil), Sonora (6 mil) o Chihuahua (7 mil), así que parece ser que la causa de tal despliegue no se explica por el tamaño del estado. Tampoco lo explica la cantidad de habitantes que hay en Chiapas (5 millones 500 mil), si lo comparamos con estados como Guanajuato (6 millones 600 mil y 6 mil 600 elementos), Michoacán (4 millones 700 mil y 6 mil 500 elementos) o la Ciudad de México (9 millones y 13 mil 200 elementos). Y mucho menos la incidencia delictiva, donde Chiapas ocupa el penúltimo lugar con una tasa de 17.9/100 mil habitantes, cuando la media nacional es de 133.9/100 mil habitantes y hay estados como Colima con menos de 800 mil habitantes y una tasa de 263.9/100 mil habitantes. Entonces ¿qué explica que el gobierno haya militarizado a ese nivel el estado de Chiapas? El inicio de los megaproyectos neoliberales que López Obrador implementó, como “Sembrando Vida” (un programa para supuestamente reforestar la zona sur del país, con el que dan a los campesinos dinero a cambio de sembrar árboles frutales y maderables, pero que ha provocado el efecto contrario: la gente tala hectáreas de selva con tal de recibir el apoyo económico) y sobre todo el tren mal llamado “maya”, que cruza por varios territorios zapatistas y al que ellos se han opuesto desde su anuncio.
López Obrador ha acusado al EZLN de ser un grupo “conservador”, “con ropajes de izquierda, dizque muy radical” y ha insinuado que “sus líderes” lucran con la pobreza de la gente. Ha dicho: “Respetamos mucho al movimiento zapatista y mi recomendación fraterna, respetuosa, es de que no nos peleemos…”, así que suponemos que para evitar que protestaran o impidieran la imposición de sus proyectos, decidió encerrarlos, vigilarlos y contenerlos en lo que terminan de construirse. El Centro de Derechos Humanos ‘Fray Bartolomé de las Casas’ ha documentado la constante presencia de militares en las comunidades zapatistas, incluidos recorridos terrestres y vuelos rasantes. El presidente ha descalificado estas denuncias y ha dicho que tales recorridos no existen y que si los hay es para brindarle seguridad a la gente, negando rotundamente los vuelos de helicópteros militares a muy baja altura que han denunciado los habitantes. “No hay vuelos rasantes” en Chiapas, “no soy Salinas, ni soy Zedillo ni Fox ni Calderón” y “nunca voy a dar una orden como comandante supremo de las fuerzas armadas de masacrar al pueblo o reprimir”, aseguraba.
Por otro lado, hay que tener claro que la presencia de cárteles en el país es añeja y que Chiapas no ha estado exento de esto. Se sabe que desde los años noventa hay presencia de grupos de la delincuencia organizada que controlan el ingreso de drogas provenientes de Centro y Sudamérica. El Cártel de Sinaloa era hasta hace tres años el único con presencia clara en el estado; la facción controlada por Ismael ‘El Mayo’ Zambada, construía pistas clandestinas en las que aterrizaban avionetas cargadas de drogas y vigilaba el tránsito seguro de éstas hasta que desde el sur partieran para el norte del país. Y como sucede en todo México, mientras sea un solo cártel el que controle el territorio, muy pocas veces habrá sucesos de violencia como los que sí ocurren cuando otro cártel intenta arrebatárselo. Eso pasó en Chiapas en los últimos tres años.
Ismael Zambada García tenía a un hombre “de confianza” en la zona desde mucho tiempo atrás, su nombre era Gilberto Rivera Amarillas, alias ‘El Tío Gil’, que fue detenido en Guatemala en 2016 y extraditado a Estados Unidos en 2017 donde era reclamado por la Corte de Distrito Este de Columbia. Desde que ‘El Tío Gil’ llegó a Chiapas se hablaba de su estrecha relación con quien desde 2012 y hasta 2018 ocupó el cargo de Fiscal General del Estado, Raciel López Salazar, durante los gobiernos de Juan Sabines, del PRD, y Manuel Velasco, del Partido Verde. En el año 2018, Rivera Amarillas fue candidato a diputado federal por el distrito VII de Chiapas por la alianza del PRI con el PVEM. «El Tío Gil” murió en 2017 a causa de una enfermedad terminal en una cárcel de Estados Unidos y lo relevó en Chiapas su hijo, Ramón Gilberto Rivera, alias ‘El Junior’, pero fue asesinado en 2021. Tras su muerte apareció un nuevo personaje en la zona, Jesús Esteban Machado Meza, lo apodan ‘El Güero Pulseras’; se sabe que nació en Culiacán, Sinaloa, y que fue enviado por ‘El Mayo Zambada’ para sustituir a Gilberto Rivera. Sin embargo, ya para 2021 se sabía que el CJNG había iniciado su incursión a Chiapas, así que al llegar ‘El Güero Pulseras’ al estado encontró en otro personaje cercano a ‘El Mayo’, Juan Manuel Valdovinos Mendoza, alias ‘El Señor de los Caballos’, no a un aliado, sino a un rival, porque que quería ocupar el lugar de ‘El Junior’. Cuando Valdovinos Mendoza supo que no sería él el encargado de la zona, traicionó a Zambada García y se alió, junto con su gente, con el Cártel Jalisco Nueva Generación. El escenario estaba listo para que empezara la guerra.
Pero no es tan sólo el trasiego de drogas (cocaína y precursores químicos para metanfetaminas y fentanilo) lo que está en disputa. Desde hace unos 10 años, agravada por la pobreza y la violencia que se vive en prácticamente todos los países de Centroamérica y Sudamérica, la migración ha crecido de forma exponencial. Aquellas enormes caravanas de hace unos 8 o 9 años con gente de Honduras, Guatemala o El Salvador, llamaron la atención de las organizaciones criminales. Representaban decenas de miles de millones de dólares para ellos, si lograban controlar su flujo y se apoderaban del negocio del tráfico de personas. Así, los cárteles, además de controlar la ruta del trasiego de drogas, empezaron a controlar la ruta del paso de migrantes a quienes extorsionan, secuestran o asesinan si no pueden pagar o se niegan a hacerlo.
El Cártel de Sinaloa se convirtió en traficante de personas e instauró una ruta que va desde Chiapas a Tijuana, Baja California, pasando por los estados del Pacífico, principalmente. Por su parte, el Cártel Jalisco Nueva Generación se hizo de la ruta que va desde Chiapas a Tamaulipas, pasando por los estados del Golfo de México. Las disputas por adueñarse de los destinos de los migrantes son constantes. La organización defensora de migrantes “1800 migrante”, con sede en Nueva York, ha reportado incontables secuestros multitudinarios de ecuatorianos, guatemaltecos o venezolanos.
Los migrantes son secuestrados, llevados a casas de seguridad y desde estos lugares si traen dinero para pagar los llevan a la frontera, sino llaman a sus familiares en Estados Unidos o en sus países de origen exigiéndoles el pago de su rescate. Se habla de que piden a cada migrante entre 5 mil y 10 mil dólares. Y todo esto ocurre en un estado completamente militarizado donde la presencia de los criminales no se podría explicar sin la colusión de todas las autoridades y obviamente de los elementos castrenses.
A mediados de enero de 2024 circularon en las redes sociales una serie de videos donde se observaban a grupos de pobladores enfrentándose a elementos del Ejército y de la Guardia Nacional que pretendían ingresar a las comunidades del municipio de Chicomuselo. Durante los primeros días de ese mes hubo una serie de enfrentamientos entre criminales del CJNG y el Cártel de Sinaloa. Los pobladores habían pedido ayuda al gobierno, pero esta no llegó, sino hasta ese día. Los pobladores ya habían decidido no permitir que los militares ingresaran a su municipio, por desoír su súplicas de ayuda publicadas en varios comunicados, pero también porque acusaban a las fuerzas de seguridad de estar coludidas con los cárteles. La gente asegura que hay militares que colaboran con el Cártel de Sinaloa y otros lo hacen con el CJNG.
En un comunicado firmado por la Sociedad Civil del Pueblo de Chicomuselo, los habitantes exigían al gobierno que retiraran a los elementos de las fuerzas de seguridad, porque su ingreso provocaba enfrentamientos en sus pueblos, entre militares que colaboraban con algún grupo del crimen organizado y los enemigos de estos. “Nuestros pueblos no son campo de batalla”, decían. Y hacían un “llamado urgente a la comunidad internacional” para que “…volteen su mirada a nuestros pueblos sufrientes, no sólo por la violencia del crimen organizado, ahora por el ataque de las fuerzas armadas quienes están violentando a la sociedad civil que ha decidido resguardar sus pueblos por la creciente violencia y enfrentamientos entre cárteles”.
Los elementos militares, por su parte, acusaban a los ciudadanos de no permitirles el ingreso a sus pueblos porque estaban protegiendo a los cárteles. “Están tapando el camino a la autoridad, es nuestro deber reconocer en todos lados, dar seguridad a la comunidad, a todas parejo. ¿Cuál problema? El problema son ustedes cobardes, porque a dos o tres personas armadas les tienen miedo. ¡Cobardes! Para eso se deben de unir”, se escucha decir al comandante del 101 Batallón de Infantería de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Guardia Nacional, que aparece en una de las grabaciones, mientras amenazaba a quienes lo estaban grabando y apuntando con el dedo a alguno de ellos le decía «Te tengo ubicado».
Los pobladores señalaban que cientos de familias de comunidades de Nueva América, Corona del Rosal y Benito Juárez del municipio de Chicomuselo; Chejel y Puerto Rico del municipio de Socoltenango; así como habitantes de Nuevo Resplandor del municipio de Concordia, se encontraban huyendo ante el ingreso de las fuerzas federales, esto debido a que se está “violentando a la sociedad civil que resguarda la vida de sus comunidades tras un enfrentamiento que se dio ayer 15 de enero entre cárteles alrededor de las 9 de la noche por esta región”. Y cuestionaban a las fuerzas federales por no resguardar los lugares donde sí estaban los cárteles y por no liberar las carreteras que éstos tienen bloqueadas desde hace poco más de dos años. «Entran a las comunidades donde la gente está organizada para cuidar sus ejidos», decían.
Y ante todo esto, el gobierno de López Obrador insiste en que se está atendiendo la problemática y no pocas veces asegurando que “se exagera”. “Los datos que tenemos, que consideramos son datos ciertos, indican que no existe una situación de este descontrol de violencia en Chiapas”, decía el presidente el 12 de julio de 2023 durante su conferencia matutina. “Se ha exagerado lo que sucede en Chiapas en los últimos tiempos”, dijo. “En general en el país el tema de los conservadores y de sus medios es el de exaltar todo lo relacionado con la violencia”, agregó. Y no pocas veces se ha atrevido a asegurar que él puede recorrer todo el estado de Chiapas por carretera y que no pasa nada. Quizás olvide que lo hace viajando con elementos del Ejército y en un vehículo blindado, lo que hace completamente diferente la situación. Pero sus palabras contrastan con lo ocurrido apenas, este sábado 21 de abril, cuando la candidata a la Presidencia de la República por el partido oficialista, Morena, Claudia Sheinbaum Pardo, realizaba un recorrido de campaña por el municipio de Motocintla y se encontró con un retén instalado por hombres encapuchados, presumiblemente pertenecientes al Cártel de Sinaloa, quienes detuvieron el paso de la caravana de vehículos de la prensa y de la propia seguridad que la acompaña; rodearon el vehículo y le pidieron que “…cuando esté en el poder acuérdese de la sierra, nomás eso le queremos decir, no estamos en contra del gobierno…” y le decían que no querían que Motocintla “sea un desastre como Comalapa, o sea queremos que usted, cuando esté en el poder, nos haga el favor de ‘limpiar’ ese tramo de Comalapa…”. Es decir, el Cártel de Sinaloa le estaba pidiendo a la muy probablemente primera mujer en la Presidencia, que saque al CJNG que controla el municipio vecino de Comalapa. Un suceso muy llamativo.
El 22 de enero de 2024, mediante un comunicado, la Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal, lamentaba el asesinato de Carmen López Lugo. Acusaban que fue “abatido con disparos de arma de grueso calibre el pasado 12 de enero en la cabecera municipal de Tila, quien fuera delegado del Congreso Nacional Indígena y pasado miembro del comité de vigilancia de su Ejido Tila, donde últimamente nuestros hermanos están volviendo a vivir tanto sufrimiento, provocado por los grupos en el poder que ahora se benefician de la impunidad por la cruel contrainsurgencia que formó y financió los primeros grupos paramilitares desde 1995 en la región, hoy aliados al crimen organizado y narcotraficante que sigue queriendo acabar con los que defienden su ejido y no se dejan comprar por dinero.” y agregaban que los asesinos «…hoy en día tienen diferentes puestos en el gobierno municipal y estatal, y son quienes están promoviendo la precandidatura de Sasil y Eduardo Ramírez Aguilar a la gubernatura del estado de Chiapas, lo que explica la total impunidad con que actúan, ya que son responsables de numerosos asesinatos que han sido denunciados por nuestros compañeros del Ejido Tila».
Y es que en medio de toda esta vorágine de violencia, Chiapas también vive en estos días el periodo de campañas electorales. El próximo 2 de junio, además de la Presidencia de la República, se renuevan todas las alcaldías del estado, el Congreso local, el Congreso Federal y también el gobierno estatal. Eduardo Ramírez Aguilar, quien militó en el Partido Verde por más de una década, es el candidato del partido oficial Morena, que hoy gobierna en la entidad y que seguramente retendrá el poder. Ramírez Aguilar fue presidente municipal de Comitán de Domínguez del periodo 2008 al 2010; fue diputado federal entre 2012 y 2013; fue diputado local entre 2015 y 2018. En 2015, en los mítines del PVEM, Eduardo Ramírez gritaba: “¡López Obrador es un mentiroso!”. Ya para 2018, afiliado a Morena, alcanzó una senaduría con este partido y de su fobia contra López Obrador nada quedó. El Partido Verde fue aliado del PAN en las elecciones de 2000 y de 2006; para 2012 hizo alianza con el PRI y en 2018 se alió con Morena, con los que hoy cogobierna tanto a nivel federal como estatal.
Cuando Eduardo Ramírez Aguilar fue alcalde de Comitán fue ligado con ‘El Tío Gil’, de hecho fue durante ese periodo que Rivera Amarillas logró asentarse en ese municipio en los límites con Guatemala y en toda la zona fronteriza. Periodistas del estado le cuestionaban frecuentemente su relación con el jefe de plaza de Ismael Zambada, a lo que él siempre respondió que era “…completamente falso. Es un personaje visible en Chiapas, pero de eso a tener yo una relación…”.
Y en medio de todo esto el EZLN advertía a quienes quisieran acompañarlos a su 30 aniversario que se llevaría a cabo entre el 30 de diciembre de 2023 y el 2 de enero de 2024, que la situación en la zona no era la más idónea. El subcomandante Moisés firmaba un comunicado donde aseguraba que “las principales ciudades del suroriental estado mexicano de Chiapas están en un completo caos” y decía que “Las presidencias municipales están ocupadas por lo que nosotros llamamos “sicarios legales” o “Crimen Desorganizado”. Hablaba de lo que hoy en día se ha vuelto parte de lo cotidiano en la entidad: los bloqueos, los asaltos, la ola de secuestros, el cobro de piso, el reclutamiento forzado y las balaceras. Y acusaba al gobierno del “padrinazgo” que tenía con las organizaciones criminales, cuando se estaban ya disputando las primeras candidaturas para las elecciones de junio de 2024. El subcomandante aseguraba que “No son propuestas políticas las que se enfrentan, sino sociedades criminales”. Y dada la situación, dejaba en la decisión de cada quien si querían ir al festejo o no hacerlo: “Entonces, pues claro les decimos que, a diferencia de otros años, no es seguro. O sea que sí queremos que vengan, aunque no lo recomendamos”.
Este 28 de mayo durante la conferencia matutina de López Obrador, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, dio a conocer los datos oficiales sobre los candidatos asesinados en este periodo electoral. Según el gobierno, las cifras registradas por las autoridades electorales, contaban 22 personas candidatas, precandidatas o que aspiraban a algún puesto de elección popular asesinadas en todo el país. Enfatizaba que “a la fecha han ocurrido ocho homicidios de personas candidatas registradas oficialmente ante el INE o ante los institutos electorales locales. Este es el número oficial de candidatas y candidatos. También, como ya se ha informado aquí, hubo cuatro lamentables homicidios de precandidatas, es decir, personas que estaban registrados oficialmente ante sus partidos, pero no alcanzaron a tener una inscripción oficial“.
Lo más chocante de esta forma de minimizar los asesinatos políticos, fue lo que dijo López Obrador durante la misma conferencia mañanera al responder a la periodista Helena Lozano, del medio NTN24, que citando a la Consultora Integralia, cuestionaba por el asesinato de 34 candidatos a cargos de elección popular. El presidente aseguró que esto se debe en gran medida a que “los medios de manipulación” difunden estas cifras que no corresponden a los datos oficiales. Y al ser cuestionado sobre si había posibilidad de que alguno de los asesinatos no haya sido registrado, López Obrador aseguró que no y que “no hay cifra negra”. “Quisieran que hubiesen muchos homicidios, parece mentira pero están administrando el dolor humano por cuestiones politiqueras», remató.
Y es que dependiendo de la fuente y de las fechas desde que se realice este conteo, los asesinatos a aspirantes, precandidatos, candidatos o familiares de ellos, podría elevarse hasta los 70 o más. Nada menos en Chiapas, el último caso fue el de la joven candidata de 26 años del Partido Popular Chiapaneco, Lucero López, que aspiraba a la alcaldía de La Concordia. La candidata fue acribillada el pasado jueves 16 de mayo cuando se trasladaba de un acto de campaña a otro. Junto a ella fueron asesinadas otras cinco personas que le acompañaban, incluida una menor de edad. Esta es sin duda ya, la elección más violenta en la historia de México. Desde el mes de abril se rebasaron las cifras de agresiones, secuestros y asesinatos de participantes en la contienda electoral, que ya de por sí era enorme en 2021.
En Chiapas los grandes caciques siempre han tenido grupos armados a su disposición; los han usado para desplazar a los indígenas de sus comunidades y para tomar posesión de sus tierras. Aunado a esto, desde julio de 2021 y tras el asesinato de Simón Pedro Pérez de Las Abejas de Acteal, pobladores de Pantelhó formaron un grupo de “autodefensas” para hacer frente a los grupos criminales de otros estados, los cárteles, y defenderse de estos grupos paramilitares que forman los caciques.
Mario Ortega del Centro de Derechos Humanos ‘Fray Bartolomé de las Casas’ (Frayba) lo explica de la siguiente forma: “La delincuencia organizada va comiéndose a los grupos de poder que hay en el territorio, es como una transnacional que va incorporando las tienditas locales”. De tal forma que el embate que padecen las comunidades es cada vez más letal y más difícil de poder erradicar. Fue precisamente por esto que los zapatistas anunciaron en una serie de comunicados el año pasado, que harían una reorganización de su estructura. Ya no sólo enfrentan a los grupos de siempre, sino que ahora los cárteles, mucho más peligrosos, son el enemigo más visible.
Gustavo Castro, coordinador de la asociación civil Otros Mundos, explica que “Los cárteles van sobre la estructura más débil controlable en los territorios, que son los ejidos y los municipios: desde ahí pueden controlar todo en términos políticos, económicos, financieros, de caminos y de fuerza pública” y considera que el objetivo principal de éstos es apoderarse de cada territorio, controlarlo y finalmente poner a su propia gente en cada presidencia municipal. Muchos de estos territorios son compartidos por zapatistas y gente no afín al zapatismo, por lo que la defensa de sus pueblos era apremiante ante semejantes circunstancias actuales. El control territorial del EZLN ha servido por décadas como una barrera de contención que impedía que pudieran asentarse en ellos grupos delincuenciales, pero a lo largo de los años el desgaste se ha notado y los zapatistas tuvieron que proponer una reorganización para poder seguir siendo esa barrera.
Si bien hasta el momento no se han registrado ataques directos por parte de los cárteles a las comunidades zapatistas, esto no está lejos de poder suceder. El EZLN en sus comunidades tiene prohibida la siembra y venta de estupefacientes, lo que choca directamente con planes de expansión territorial de las organizaciones criminales.
En la serie de comunicados donde informaban sobre la reestructuración del EZLN, el subcomandante Moisés lo dejaba claro: “Se ha reorganizado la estructura y disposición del EZLN de modo de aumentar la defensa y seguridad de los poblados y de la madre tierra en caso de agresiones, ataques, epidemias, invasión de empresas depredadoras de la naturaleza, ocupaciones militares parciales o totales, catástrofes naturales y guerras nucleares. Nos hemos preparado para que sobrevivan nuestros pueblos, incluso aislados unos de otros. Como desde hace 30 años, nuestra lucha es por la vida”.
Decía también que podría ser complicado entender la estructura de la nueva autonomía y que incluso ellos podrían tener problemas para ejecutarla, porque era un proceso de aprendizaje que iría poco a poco. Afirmaba que el EZLN no desaparecía, sino que «…la autonomía zapatista sigue y avanza, que pensamos que estará así mejor para los pueblos, comunidades, parajes, barrios, colonias, ejidos y rancherías donde viven, es decir, luchan las bases de apoyo zapatistas. Y que ha sido su decisión de ellos, tomando en cuenta sus ideas y propuestas, sus críticas y autocríticas».
Marta Durán De Huerta, socióloga, periodista y profesora universitaria, cree que las décadas de llevar a la práctica la autonomía zapatista, pueden ser la base para que su nueva autonomía tenga éxito. “Se levantaron en armas para hacer un llamado de atención y ellos mismos crearon sus instituciones para impartición de justicia, para salud, es algo muy sencillo, diría, hasta artesanal, pero lo han hecho”, dice la autora del libro ‘Conversación en la Montaña’, publicado recientemente en enero de 2024. Y aunque admite que la situación actual es nueva y muy distinta, por la crisis de violencia que se vive en todo Chiapas, resalta que la coherencia y la firmeza con que se ha manejado el zapatismo, actuaría en su beneficio en este nuevo escenario: “EZLN fue un movimiento estabilizador de algunas regiones, porque ellos nunca pactaron con el narco ni permitieron el financiamiento mediante acciones ilícitas, a pesar de estar siempre asolados por grupos paramilitares”.
Militarmente se desconoce la capacidad actual del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, pero sí se conoce su poderosa organización social que poco a poco fue ganando más territorios a lo largo de los años, porque han encontrado soluciones a problemas añejos que ningún gobierno o partido político ha podido o querido resolver. Durán de Huerta cree que por esto van a lograr salir adelante ante los recientes problemas por los que atraviesan: “Van a salir avante, sí van a salir avante. ¿De qué manera? No lo sé, porque es una situación totalmente nueva”. “Sembraron una semilla que está germinando. El zapatismo es como un río subterráneo que alimenta las raíces de muchos otros movimientos, no solamente chiapanecos, y no solamente indígenas y campesinos”. La idea que implementarán sobre la nueva forma de poseer la tierra puede ser clave ante las organizaciones criminales que los amenazan. Tengamos en cuenta que los cárteles tienen por meta apoderarse de la mayor cantidad de territorio posible; ellos llaman a estos lugares “la plaza”. La estructura actual del EZLN impediría que puedan quedarse con esos territorios, porque las organizaciones criminales para apoderarse de un rancho, una propiedad, etc., lo que hacen es amenazar y hasta quitarle la vida a los dueños. La propuesta del EZLN les impediría lograr esto, porque los territorios, los ejidos, dejarían de tener propietarios y serían propiedad de lo que ellos llaman “el común”, es decir de todo aquél que esté dispuesto a trabajar esa tierra, cosecharla y repartir las ganancias entre todos. ¿A qué dueño o dueños podrían intimidar los cárteles? ¿A todo un pueblo? ¿A toda una comunidad? Esto también da revés a uno de los grandes problemas comunitarios que fueron el origen conflictos entre comunidades, la posesión de la tierra.
En los comunicados del año pasado, el subcomandante Moisés nos deja claro que pase lo que pase ellos seguirán adelante con su lucha anticapitalista, ahora con el ingrediente de la más brutal de las manifestaciones del capitalismo, el narcotráfico: “No podemos humanizar el capitalismo y nadie nos va a decir como somos nosotros los pueblos. Nosotros vamos a seguir ese camino y nos vamos a defender. No necesitamos matar a los soldados y los malos gobiernos, pero si vienen nos vamos a defender. Por eso, los hemos hecho un lado a lo largo de 30 años. Nos bastó 30 años para darnos cuenta que no sirve la pirámide y si alguien cree que sirve, por eso decimos, cada quien en su geografía, demuéstrenos y nosotros vamos a demostrar también”.
Nosotros nos quedamos pendientes y con los ojos puestos en Chiapas, atentos para denunciar y hacer visible la violencia sin precedentes que se vive en el sur del país. Creemos que los zapatistas saldrán adelante, que podrán con esto y que nos mostrarán una vez más que “Otro mundo es posible”.
*El presente artículo fue publicado en El Salto en dos entradas distintas:
Elecciones presidenciales y violencia en México: Chiapas como espejo
Los retos del zapatismo hoy: cárteles, gobierno y militarización
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