Después de dos años y siete meses de haber permanecido injustamente en prisión por las acusaciones falsas de secuestro en su contra y por la presión de las influencias de Miranda de Wallace, Nestora Salgado, coordinadora de la Policía Comunitaria de Olinalá, saldrá del penal de Tepepan.
El juzgado 67 que se ubica en la Ciudad de México, determinó la tarde del jueves alrededor de las 18:00 horas, que no había pruebas suficientes para condenar a Salgado por los presuntos delitos de robo de armas, secuestro y homicidio, por los cuales tenía nueve causas penales en su contra.
En lo que respecta al cargo de homicidio, su defensa pudo comprobar que Nestora ni si quiera se encontraba en Huamuxtitlan, sino en Tixtla (municipio que se encuentra a cinco horas de distancia del lugar de los hechos) cuando el homicidio se llevó a cabo, además de que ella actuó apegada a la ley que rige a la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), y como la CRAC se encuentra cobijada por la ley 701 que permite a los pueblos indígenas, como es el caso de Olinalá, el tener su propio sistema de justicia.
Por otro lado, por el cargo de secuestro sus abogados pudieron comprobar que Nestora Salgado no secuestró tampoco, sino que como marca la ley de la CRAC, las personas acusadas de varios delitos fueron enviadas a reeducación.
El primer auto de libertad lo obtuvo Nestora Salgado cuando su defensa repuso un nuevo proceso con el argumento de que su defendida no contó con la asistencia consular, a pesar de tener también la nacionalidad estadounidense.
En cuanto a la sustracción o robo de armas, la defensoría demostró que la líder comunitaria no sustrajo armas de ningún tipo, por lo tanto, echando abajo dichas acusaciones en su conjunto, Nestora Salgado saldrá libre a las 9:30 del día viernes.
Después de su salida se dará una conferencia de prensa en donde anunciará oficialmente su campaña por la defensa de los 12 compañeros de la CRAC que aún permanecen en calidad de presos políticos, ya que como ella dice, ellos fueron utilizados por el Estado como muestra de represión contra los pueblos originarios y su legítimo derecho de autodefenderse para combatir la delincuencia.
Recordemos que durante el trabajo de la Policía Comunitaria en los pueblos en los que están instalados, la delincuencia se redujo casi en su totalidad y alcaldes municipales como el de Cualac y Huamuxtitlán, por ejemplo, durante el 2013 no sólo reconocieron su trabajo, sino que declararon que nunca tuvieron problemas con ningún miembro de la CRAC.