La Procuraduría General de la República, movida por la presión de la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión, y sin tener realmente injerencia o autoridad real para proceder en contra de quienes utilizan el espectro radioeléctrico, allanó y desmanteló cuatro emisoras comunitarias de radio en Oaxaca.
Las estaciones de las emisoras La Máxima 107.9, La Perla de la Mixteca 96.5FM, La Tlaxiaqueña 91.5 FM y Radical Stereo 98.3FM fueron las afectadas a causa del operativo violento y simultáneo al que fueron sometidas.
Tanto en La Tlaxiaqueña como en La Perla de la Mixteca, los agentes del ministerio público federal se llevaron detenidas además a las dos personas que se encontraban, una en cada sitio, sin estar ellos relacionados directamente con las radiodifusoras, ya que son indígenas caseros o limpiadores del lugar, sin embargo los dos fueron acusados de hacer un uso ilegal del espectro radioeléctrico.
La institución que tendría real injerencia para encargarse de estos asuntos no recae sobre la Procuraduría General de la República, por lo que incluso se podría echar abajo el caso, ya que es el Instituto Federal de Telecomunicaciones el que debería regular las políticas de las concesiones y el uso del espectro radioeléctrico, sin embargo este hecho deja ver que quien mueve los hilos es el dinero y no la legalidad presunta.
Fue la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT) la que denunció a las emisoras comunitarias ante la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra el Ambiente y Previstos en Leyes Especiales, argumentando el uso ilegal del espacio radioeléctrico y la violación a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, pero saltándose a su vez de manera ilegal y «chueca» al Instituto que regula dichas normas.
Por otro lado, retener a alguien sin averiguación previa ni descartando su responsabilidad pues de manera probada ellos no tienen acceso al espectro, hacen más ilegal su proceso de «legalidad».
La violencia contra las comunitarias como “legítimas voces del pueblo” tiene antecedentes allí donde el movimiento es grande. Puede citarse el caso de las comunitarias de Tlaxcala y Puebla, que han visto cómo les crecieron acusaciones de narcomenudeo, que luego fueron utilizadas como vehículo para que la fuerza pública entrara en sus locales e hiciera tambalear los proyectos, según cita el medio informativo Desinformémonos.
En su último informe Anual sobre el estado de la violencia hacia la prensa en México, la organización Artículo 19 denunció precisamente que en Oaxaca, la materia más sensible a la violencia (cometida en alto grado por funcionarios públicos) son las radios comunitarias, “que cumplen un papel fundamental, sobre todo para aquellos pueblos alejados de las grandes ciudades”
Ninguna de las radios allanadas y esquilmadas de sus equipos de transmisión, cómputo y documentación tiene menos de un año al aire. En La Máxima se realiza un noticiero que alimenta a las comunitarias de la región mixteca, uno de los medios de comunicación de mayor alcance para las comunidades indígenas de allí, según referencias de los colectivos comunitarios.
La PGR reconoció después que las radios comunitarias estaban instaladas en bienes inmuebles que también eran usados como casa habitación, por lo que, según dijeron, no utilizarían sellos de clausura (wow ¬¬), pero sobre su nula injerencia en un caso que no le compete a la Procuraduría, sino al IFT, no ha habido ningún pronunciamiento.